05/02/2025

Ecuador ante el desafío de resolver la crisis de gobernabilidad por la vía electoral

Desde 2021, cada dos años la ciudadanía ecuatoriana concurre a las urnas para elegir presidente/a.

La inestabilidad económica del país, la falta de gobernabilidad y la tragedia de la violencia han marcado lastimosamente la realidad del país andino.

El próximo 9 de febrero con 13.279.830 electores en territorio nacional y 456.485 electores en el exterior se llevaran adelante las elecciones para elegir al sucesor de Daniel Noboa quien accedió al poder en 2023 para completar el mandato del ex presiente Guillermo Lasso quien en medio de un sinfín de juicios políticos en su contra disolvió el congreso (aplicando la figura de Muerte Cruzada) y convocó anticipadamente a elecciones.

Además del binomio presidencial que en virtud de las reformas del Código de la Democracia de 2020 debe ser paritario, también se elegirán a los miembros de la Asamblea Nacional con encabezamiento paritario de las listas, y a los integrantes del Parlamento Andino.

Desde hace varios años en el Ecuador el sistema político tiene dos características: el clivaje Correismo/Anticorreismo y la alta fragmentación debido a la ausencia de un sistema de partidos políticos sólido. Lamentablemente los últimos años la violencia generalizada por la presencia del crimen organizado se ha incorporado a la vida de los ecuatorianos obligando a muchos de ellos a migrar. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior de Ecuador en 2024 emigraron 94.767 ciudadanos.

Para las próximas elecciones 16 han sido los binomios presidenciales inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, lo que muestra que la fragmentación partidaria continua a pesar de que se observa, a diferencia de elecciones anteriores, una polarización más marcada entre la fuerza correista Revolución Ciudadana que lleva a Luisa González y Acción Nacional Democrática que busca la reelección del presidente Daniel Noboa.

Dentro del variado crisol de candidaturas se encuentra Leónidas Iza, dirigente de los movimientos indígenas; Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia (2023) del asesinado Fernando Villavicencio; y Felipe Tilleria quien ha vivido más de la mitad de su vida en el extranjero y apela a “una cuna de valores para resetear el país”.

En esta elección también se renovará la Asamblea Nacional. Los ciudadanos deberán escoger 151 asambleístas, pues el número de legisladores se incrementó con los resultados del censo de 2022. Si bien el mandato de los asambleístas dura cuatro años, los legisladores actuales llevan dos años en el cargo dado que fueron electos tras la disolución de la Asamblea en 2023. Es por ello que 93 de ellos van por la reelección.

A la complejidad que representa la fragmentación del sistema de partidos se le suma que según la normativa ecuatoriana los partidos políticos regionales pueden presentar candidaturas a la Asamblea Nacional por lo que se espera que, gane quien gane las elecciones,  la gobernabilidad representará un desafío al tener que gestionar una heterogeneidad de demandas sin bloques parlamentarios consolidados.

A la vez seis asambleístas son electos por la circunscripción exterior divididos en tres regiones: Canadá y Estados Unidos; Latinoamérica, el Caribe y África; y Europa, Asia y Oceanía.

Tras la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos el tema migratorio creció en la preocupación regional. Ecuador es uno de los principales países de origen de los migrantes irregulares que llegan a Estados Unidos, lo cual obligó al gobierno a activar un plan para recibir a los migrantes deportados.

Con la inseguridad en el tope de la agenda pública, la ciudadanía refiere estar satisfecha con la presencia de los militares en las calles cumpliendo con tareas de seguridad interior. Victoria parcial de Noboa cuyo gobierno se vio comprometido en los últimos meses por la desaparición y asesinato de cuatro menores de edad que jugaban al futbol en Guayaquil tras ser detenidos por las Fuerzas Armadas en el sector de Las Malvinas. 

La infraestructura ha sido otra de las preocupaciones de la ciudadanía que ha sufrido masivos cortes de electricidad durante los últimos meses del 2024. Fenómeno cuyos impactos electorales son difíciles de predecir.

Ya con la campaña electoral en curso el debate político se centra en la decisión del presidente Daniel Noboa de accionar licencias temporales para realizar los actos de campaña. Esta decisión, fruto de su conflicto desde inicio de su mandato con la vicepresidenta Verónica Abadpodría derivar según especialistas en una infracción electoral grave al no solicitar licencia a la Asamblea Nacional, como lo exige el artículo 146 de la Constitución.

Ya en agosto del año pasado Abad había presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por violencia política en razón de género contra Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld a quienes responsabilizó de acoso político y hostigamiento para forzarla a renunciar y evitar que asuma cuando el presidente entrase en campaña.

El pasado lunes 3 de febrero la Corte Constitucional anuló los decretos con los que Noboa delegaba el poder temporalmente para llevar adelante actos de campaña. Esta decisión a una semana de la elección, le permitió tomar ventaja del tiempo previo y únicamente le impedirá encabezar los actos de cierre de campaña. Si hubiese segunda vuelta la situación se complejizaría aún más.

El fallo del tribunal constitucional, sin embargo, se abstiene de pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, por tratarse la materia de exclusiva competencia del Tribunal Contencioso Electoral. Con dicha decisión dilatada por tiempos de campaña, muchos analistas aseguran que de perder las elecciones el presidente deberá recorrer varias instancias judiciales, cosa que no se prevé que ocurra si resultase victorioso. Normalidades que suceden en contextos donde la Justicia está politizada.

El pasado 19 de enero se llevó a cabo el debate presidencial el cual es de carácter obligatorio para los candidatos a partir de la reforma al Código de la Democracia del 3 de febrero del 2020.

Si bien el debate jugó un rol clave en el 2023 para proyectar la figura de Daniel Noboa quien previamente no era visibilizado por las encuestas, en esta ocasión el hecho de que frente a la cantidad de candidatos los dos contendientes que concentran hoy casi el 70 % de la intención de voto no se enfrentasen de manera directa le resto potencia.

Resta esperar entonces si los últimos días de campaña marcaran el curso de los indecisos que aún se visualizan en las encuestas de cara a una elección que promete segunda vuelta.
 

Dolores Gandulfo. Directora de Diplomatura de Sistemas Electorales Comparados Universidad Nacional Tres de Febrero. Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Miembro de la Red de Politólogas, de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina (AERIA) y del Consejo Asesor Latinoamericano del Institute for Integrated Transitions (IFIT). 

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