29/01/2024

Argentina: nuestros derechos en la cornisa

En diciembre 2023 Argentina cumplió 40 años de democracia ininterrumpida. Para los derechos de las mujeres y las políticas que promueven la igualdad de género fueron cuatro décadas de cambios fundamentales y avances indiscutibles. Al mismo tiempo, fue un período en el que los sucesivos gobiernos de distintos signos políticos no lograron estabilizar la economía, fortalecer una matriz productiva que ampliara el mercado de trabajo, garantizar condiciones de empleo dignas e igualitarias ni dar señales claras en contra de un sistema enraizado de corrupción institucional y corporativista en distintos niveles.

Por eso, el resultado de las elecciones presidenciales (desde las primarias en el mes de agosto a las elecciones generales en el mes de octubre) fue un golpe sobre aquellas conquistas que considerábamos logradas. La insatisfacción que siente una parte importante de la población, fundamentalmente las juventudes, se hizo evidente al alejarse de las fuerzas políticas más tradicionales que no lograron reflejar los intereses y preocupaciones de la sociedad. Se impusieron las propuestas basadas en la confrontación y la adjetivación agraviante antes que el intercambio de ideas y el debate político. Pero además, se impusieron las propuestas partidarias menos receptivas de una agenda comprometida con la igualdad de género. Perdió protagonismo político la potencia del movimiento de mujeres y sus demandas por una vida libre de violencias, reivindicativa de los avances y al mismo tiempo en lucha por una agenda de igualdad pendiente en otras dimensiones sociales y económicas.

Llevará tiempo comprender cómo pasamos de convocar la movilización de cientos de miles de mujeres en todo el país interpelando a la región de América Latina con la consigna #NiUnaMenos para denunciar los femicidios, a esta dirigencia que percibe a las políticas públicas que promueven la educación para la igualdad como amenaza, producto de una “ridícula” imposición conspirativa del “socialismo” global. Si bien ese movimiento pendular hacia un conservadurismo antiderechos responde a un fenómeno regional y global, lo cierto es que encontró espacio en una sociedad agobiada por las crisis sucesivas y la incapacidad de distintas fuerzas políticas para comprender la dimensión de los problemas irresueltos y su impacto en las vidas cotidianas.

Mientras nuestro país cumple 40 años de la primera elección presidencial de este período democrático, la evolución en los derechos de las mujeres y su reconocimiento como derechos humanos enfrenta un momento crítico.

Durante la campaña electoral el candidato que resultó vencedor ya había mostrado con toda claridad su desprecio por los derechos de las mujeres y cualquier política vinculada con la promoción de la igualdad. Así lo documentamos en nuestro monitoreo de las propuestas electorales. Esto comenzó a materializarse con las primeras medidas que se anunciaron en los cambios en la estructura del Estado que elimina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (creando en su lugar una subsecretaría muy recortada en sus facultades), el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (que establece restricciones en los cambios inicipientes que se habían iniciado en materia de cuidados) y el proyecto de Ley Ómnibus (que restringe, entre muchas otras innovaciones problemáticas, la comprensión sobre la violencia de género y la implementación de la paridad en la política).

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" pero conocido como “Ley Ómnibus”, ha recibido numerosas críticas desde distintos espacios. Se propone un uso desproporcionado de las delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo basado en lo que considera es una situación de “emergencia pública en materia económico, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social sin precedentes”. Con ese argumento, se proponen cambios en cientos de normas instalando un cambio de paradigma que pretende extender su vigencia más allá del plazo establecido para tal emergencia.

Los debates más difundidos en torno al proyecto muestran las divergencias y puntos de preocupación sobre un sinfín de temas: reforma fiscal, privatización de empresas, desregulación de distintos sectores de la economía, cambios en el sector energético, el impacto en el medioambiente y el financiamiento de la política entre muchos otros. Sin embargo, menos difusión se ha dado a las voces de preocupación por otras reformas que están claramente dirigidas a erosionar las políticas que contribuyeron (hasta ahora) a impulsar algunos consensos básicos que compartíamos sobre la relevancia de promover políticas para la igualdad de género y el respeto por los derechos y la autonomía de las mujeres.

Sin explicar su vinculación con la emergencia que se pretende atender con este conjunto de reformas, el proyecto de Ley Ómnibus propone reformar una serie de leyes medulares para proteger los derechos humanos de las mujeres y promover políticas de igualdad. Propone reformar políticas fundamentales para garantizar la representación de los intereses de las mujeres y su partipación en la vida política; limitar las condiciones para el ejercicio de sus derechos frente a la disolución del vínculo matrimonial; restringir el ejercicio de su autonomía reproductiva y el resguardo de la dignidad de las adolescentes, mujeres y otras personas gestantes en sus decisiones reproductivas; y diluir la política más extendida de sensibilización y capacitación para promover las mejores condiciones posibles para que el Estado, en todos sus niveles, estén en condiciones de responder de manera sensible, informada y no revictimizante frente a situaciones de violencia de género conocida como Ley Micaela.

Es tal la magnitud de reformas que propone sin ofrecer razones públicas ni justificación basada en evidencia para ellas, que no se intenta siquiera explicar cómo se vinculan estos cambios con la la crisis económica, financiera, fiscal que atraviesa el país y que se expresa con sentido de urgencia en las vidas cotidianas. Es casi inevitable asociar el nombre por el que se conoce al proyecto, “Ley Ómnibus”, con la imagen de un vehículo de gran porte que avanza a toda velocidad para atropellar los derechos de las mujeres.

Desde Equipo ELA, una organización de la sociedad civil dedicada a promover una sociedad más justa e igualitaria, preparamos una serie de documentos que permiten analizar los problemas que identificamos con estas reformas. Los documentos fueron distribuidos a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso y también fueron la base para nuestra intervención en el Plenario de las Comisiones en la Cámara de Diputados.

Con la reforma del sistema electoral se propone incorporar circunscripciones uninominales modificando el Código Electoral Nacional. El impacto de este cambio implicará, en los hechos, la desaparición de la paridad para las elecciones nacionales de diputados y diputadas. La evidencia muestra que este sistema obstaculiza de manera insalvable el objetivo de la paridad en cuanto a mejorar la participación de mujeres en los poderes legislativos: allí tenemos los casos de las legislaturas provinciales en Córdoba, Santa Fe y Salta para ilustrarlo. Bien sabemos que sin mujeres en los espacios de representación política (aún mujeres diversas, con ideas y convicciones bien distintas y no necesariamente defensoras de una agenda feminista) difícilmente los derechos de las mujeres lleguen a considerarse en los espacios de decisión.

La reforma del Código Civil y Comercial que incorpora la posibilidad de disolver el matrimonio mediante una “comunicación” ante un organismo administrativo, sin garantizar el acceso a información sobre derechos y obligaciones ante los efectos del divorcio implicará (especialmente para las mujeres) una limitación al ejercicio de derechos ya que no se puede ejercer un derecho que se desconoce. El problema que se describe tiene efectos desiguales en términos de género, dado que debido a la forma en que se distribuyen las tareas al interior de los hogares las mujeres dedican más del doble de tiempo al trabajo no remunerado en comparación con los varones, lo que repercute en su inserción laboral y, por consiguiente, en sus ingresos. Las mujeres y los hogares monomarentales (generalmente a cargo principalmente del cuidado de los hijos e hijas en común) se empobrecen como consecuencia de la separación.

La propuesta de reforma de la Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley N° 27.499) resulta particularmente penosa. Justamente ayer, 10 de enero, se cumplieron 5 años desde la promulgación de la ley. Es difícil abstraerse del dolor que debe significar para esa familia, que transformó su tragedia individual en reparación colectiva generando una herramienta que nos ayuda a mejorar como sociedad, ver tergiversada por completo el objetivo de la ley. La propuesta no solo cambia el objeto sino también el alcance de las personas obligadas a recibirla avasallando la memoria de la joven en cuyo homenaje se sancionó la norma. La propuesta reduce el alcance de la capacitación a organismos “competentes” en lugar de aplicar a los tres poderes del estado en sus distintos niveles –nacional, provincial y municipal-, desconociendo que el Estado tiene una responsabilidad en garantizar la mejor atención posible para las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género y que pueden requerir la intervención de distintas personas empleadas o funcionarias del Estado, en cualquiera de los tres poderes y en todo el territorio del país. Por eso, comprendiendo el desafío y la oportunidad que brindó la Ley Micaela, todas las provincias del país adhirieron e implementaron esa norma en sus territorios.

No es lo mismo reflexionar sobre igualdad y violencia de género que enfocarse en la violencia familiar. La delimitación de la capacitación a la problemática de “violencia familiar” eliminando los contenidos referentes a las desigualdades estructurales que atentan contra las autonomías de las mujeres y contra el reconocimiento de los derechos de las diversidades empobrece la identificación de aquellos problemas que hacen posible que en la Argentina haya un femicidio cada 35 horas. Ese cambio sin duda tendrá un impacto negativo en el diseño e implementación de políticas efectivas y eficientes para su prevención y erradicación. Este enfoque es contrario a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y que justamente le ha valido el reconocimiento de los aspectos positivos asociados a esta política pública.

Finalmente, preocupa la reforma propuesta a la Ley N° 27.611 de Mil Días, una norma aprobada junto con la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de organizar las políticas públicas y las políticas sociales de acompañamiento a quienes deciden llevar adelante una gestación y a los niños y niñas durante la primera infancia. Las reformas propuestas muestran la intencionalidad de avasallar la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres, restringir el ejercicio de su autonomía y retroceder en los derechos sexuales y reproductivos.

Entre los muchos cambios problemáticos que propone el proyecto, se incorpora la categoría no jurídica de “madres en situación de vulnerabilidad” y ”niños en situación de vulnerabilidad” como futuros destinatarios de las políticas públicas allí contempladas. Esta modificación, además de un cambio de paradigma que tergiversa el sentido de la norma, introduce un serio problema de ineficiencia porque genera dificultades en términos de tener que volver a definir quiénes forman parte de esa categoría, imponiendo una mayor carga burocrática que involucra costo para el Estado (una preocupación que alegan como central a esta situación de crisis), que deteriora la calidad de los servicios prestados y que indefectiblemente llevará a errores en la implementación cuando se incluyan o excluyan a personas de forma equivocada. Es mucha la evidencia que señala los altos costos administrativos de las políticas focalizadas.

La profundidad y diversidad de los temas que propone reformar el Poder Ejecutivo contrasta con la falta de razones públicas enunciadas en el mensaje que acompaña su presentación ante la Cámara de Diputados.

Algunos de estos cambios, al parecer, han sido eliminados del dictamen de mayoría que se aprobó en el Plenario de comisiones hace algunos días, con lo cual no serían parte del proyecto de ley que (eventualmente) se podría llegar a aprobar.

Sin embargo, la falta de transparencia en el debate y en las razones que llevan al Poder Ejecutivo a promover estos cambios requieren que mantengamos el alerta. Más tarde o más temprano, con distintas estrategias, ya sabemos que esto es parte de su objetivo de gobierno y del prisma con el que enfocarán la gestión pública en los años que siguen.


Natalia Gherardi es abogada y profesora universitaria argentina. Posee una Maestría en Derecho de la London School of Economics and Political Science. Dirige el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ELA, una organización de la sociedad civil fundada en Buenos Aires en 2003, dedicada a promover la igualdad de género a través de políticas públicas y el acceso a la justicia.