14/10/2021

Nicaragua, del deterioro a la crisis

En Nicaragua hubo casi 300 años de estabilidad política bajo el régimen colonial español. A partir de la independencia transcurrieron casi 200 años en que Nicaragua pasó una tercera parte del tiempo en guerras civiles que culminaron con la guerra nacional contra el filibustero William Walker. Después de la derrota de Walker hubo 30 años de estabilidad y unos 75 años bajo los regímenes autoritarios de Zelaya, los Somoza y Ortega.

La involución democrática actual comenzó veinte años atrás con el pacto entre el sandinista Daniel Ortega y el caudillo liberal Arnoldo Alemán (presidente 1997-2000) que redujo el piso electoral al 35% de los votos para facilitar la llegada a la presidencia en primera vuelta a Ortega para luego distribuirse los cargos del Estado entre el Frente Sandinista de Liberación y el Partido Liberal constituyente.

Tanto las elecciones de 2006 como las de 2011 tuvieron sus similitudes y diferencias menores. La elección del 2006 fue una farsa electoral similar a las de los tiempos de Somoza “se vota pero no se elige”. En el año 2011 la candidatura a la reelección de Daniel Ortega fue autorizada pese a la prohibición establecida en la Constitución. Por entonces Ortega enfrentaba una doble prohibición: ser candidato en un periodo sucesivo y ser candidato por tercera vez. Estas del 2011 tuvieron tal nivel de irregularidad y de violencia por las fuerzas de choque del orteguismo que la misión de observación de la Unión Europea señaló que los resultados eran imposibles de verificar y el jefe de la observación de la OEA, excanciller de la Argentina Dante Caputo, señaló el día de las elecciones que se habían quedado sin capacidad de saber qué estaba ocurriendo pues le habían “tapado el radar”.

En las elecciones del año 2016 no hubo oposición: Se la excluyó de manera jurídica. Los candidatos que ya habían sido presentados ante los medios, instantáneamente se convirtieron en ilegítimos. Los observadores internacionales fueron rechazados bajo el calificativo presidencial de “sinvergüenzas”, solo hubo algunos invitados por el gobierno, entre ellos, Raúl Alconada Sempé (ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Gobierno de Alfonsín).

Daniel Ortega ha sido candidato en siete campañas electorales (1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016), caudillo, tres veces presidente, es el que más tiempo ha ostentado el poder en Nicaragua superando a Anastasio Somoza García, quien estuvo 17 años en la silla presidencial mientras que Ortega ha alcanzado los 20 años.

La oposición ve en Ortega una nueva versión de Anastasio Somoza. Un político que evolucionó de la revolución socialista a erradicar a los sectores progresistas dentro del partido sandinista. Hoy el caudillo se asienta en un régimen socialista antiimperialista confesional con economía de mercado.

El Daniel Ortega de hoy, sin embargo, no se explica sin Rosario Murillo. Ambos se complementan. La primera dama y vicepresidenta designada, además de ser quien todos los días funge como vocera del Gobierno, coordina los ministerios, alcaldías sandinistas y consejos del poder ciudadano, órganos de control civil en todos los barrios del país.

La pareja gobernante instauró una dinastía en el poder, al punto de que sus propios hijos ocupan de manera irregular responsabilidades de Estado sustituyendo en viajes oficiales a ministros e incluso al propio canciller.

El partido sandinista, centrado en las figuras de Ortega y Murillo se ocupó de cimentar el control de las instituciones del Estado. Rompió con el viejo sandinismo y devino neoliberal adquiriendo peso en las decisiones del Estado los banqueros y los empresarios. El discurso oficialista destacó a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica, barrera de contención del narcotráfico y de la migración ilegal – las dos preocupaciones del Departamento de Estado norteamericano –, con crecimiento económico y gozando de paz.

Resultó sintomático que las fuerzas vivas no percibieran la evidente inevitabilidad de la crisis social y política que se avecinaba y que detonó el 18 de abril de 2018. Fue vergonzoso que el sector empresarial, obnubilado por un crecimiento económico sustentado por el acuerdo Gobierno y Empresa Privada, estuviera ciego de las acuciantes necesidades sociales y políticas de una ciudadanía silenciada a garrotazos.

Ya el 22 de junio de 2013 grupos progubernamentales agredían a jóvenes en vigilia pacífica en apoyo a los adultos mayores que llevaban ocho días de protesta por una pensión reducida jubilatoria.

A inicios del 2018, la retardada mitigación oficial del incendio de una de las principales reservas naturales de la región provocó otra manifestación de jóvenes ambientalistas de las universidades, de ciudadanos y de pueblos originarios que vieron afectada más de 6000 hectáreas de bosque de la “Reserva Biológica Indio Maíz”. La deforestación acelerada por actividades agrícolas ilegales fue atribuida a la alianza entre las cúpulas empresariales y el Gobierno. Otra represión fue contra campesinos opuestos a la construcción del canal interoceánico en manos de una empresa china previendo la expropiación de terrenos de cientos de miles de productores y campesinos que habitan en la ruta trazada para el proyecto de dicho canal.

El 18 de abril de 2018 estalla la crisis y Nicaragua cambia radicalmente. Todo comenzó con una protesta pacífica contra unas reformas a la seguridad social que recibió el mismo tratamiento de siempre: garrotazos de la policía y de los grupos de choque. La diferencia fue, esta vez, que la protesta de pancartas y consignas no se disolvió. El gobierno respondió con más represión exacerbada incluyendo balas vivas contra los manifestantes. A los primeros muertos, Nicaragua se insurreccionó. Comenzaron a levantarse barricadas en los barrios y ciudades y el tema de la protesta evolucionó de malestar por la reforma de la seguridad social a reclamar la renuncia y la rendición de cuentas ante la Justicia de todos los implicados incluido Ortega. Tres meses después había más de 330 muertos, cárceles llenas de presos políticos, miles de nicaragüenses escondidos o migrando a otros países y un Presidente en jaque, aislado internacionalmente, sostenido por paramilitares, una policía desbocada y un ejército en neutro.

La oposición presionaba al Gobierno a negociar un anticipo de elecciones. Por su parte, el Gobierno criminalizó la protesta y elaboró la tesis del “golpe de Estado” en procura de legitimar la represión, judicializó la política, modificó leyes ex post para facilitar acusaciones falsas, enjuiciando en base a una ley ad hoc, con efectos retroactivos apoyado en el ejercicio obsecuente del aparato judicial.  

En suma, con los fraudes electorales se degradó la institucionalidad del sistema electoral, paulatinamente se dejó al país sin instituciones, sin separación de poderes, sin Estado de derecho, con un poder ejecutivo y legislativo designados, un poder judicial politizado y un poder electoral al servicio del gobernante, sin balances ni contrabalances, sin libertad de expresión y sujeto a reiteradas violaciones a los derechos humanos. Así, si bien el detonante de la explosión social y política de abril fue la represión, la causa está en toda la acumulación de resentimientos ante un régimen autoritario y un sistema asfixiante de arbitrariedades, el hartazgo frente a la vehemencia del poder, la exacerbada corrupción oficial, la negación de libertades individuales y públicas, y los crímenes de lesa humanidad.

Marcelo Valle Fonrouge es abogado y diplomático. Doctor y Master en Relaciones Internacionales y miembro consultor del Consejo para las Relaciones Internacionales (CARI). Académico de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Miembro del Observatorio de Desarme, fue Embajador de la República Argentina en la República de Nicaragua entre 2013 y 2019.