05/03/2025

Acerca de las tarifas

Como la única actividad económica que genera riqueza, el comercio siempre ha sido objeto de la codicia de intermediarios, asaltantes y los que ejercen el poder. Los Estados nacionales surgieron y se fortalecieron gracias a prácticas mercantilistas, al abuso de medidas para proteger industrias nacientes, a la importación de materias primas a costos reducidos y a la acumulación de metales preciosos con el objetivo de mantener el lujo de las cortes y financiar el esfuerzo de las guerras.

El mercantilismo, la doctrina dominante en el comercio, por así decirlo, impuesta por las metrópolis en los siglos XVI y XVII, inhibió el crecimiento de las colonias y, ya en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial en Inglaterra y la cooperación internacional expresada en acuerdos inspirados en las tesis de Adam Smith y David Ricardo, fue rechazado por regímenes más orientados a la formación de precios a partir del equilibrio entre la oferta y la demanda.

A lo largo de los años, la tarifa ad valorem, el impuesto de importación, se convirtió en el principal instrumento para sostener los precios, ofreciendo a las industrias manufactureras mejores condiciones de competencia con el producto importado en su propio mercado. Era, y sigue siendo, en este sentido, la diferencia entre el costo de producción en el país exportador y el costo de producción en el país importador.

Más por razones políticas, eventualmente sociales y hasta culturales, se impusieron, erga omnes, aranceles altos para productos específicos, lo que provocó desvío del comercio, inflación, desempleo y reducción de la productividad. La Tarifa Smoot-Hawley de 1930, el ejemplo más notable de la “beggar-thy-neighbor policy”, llevó a que los propios Estados Unidos profundizaran la crisis que azotó al país tras el crash de la Bolsa de Valores de Nueva York. En gran medida, fue responsable de la reducción del comercio internacional en un 66 % entre 1929 y 1934.

Interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, que favoreció el crecimiento de países alejados de los teatros de operaciones, como Brasil y Argentina, los esfuerzos para revertir los daños causados por las reacciones al proteccionismo norteamericano solo pudieron retomarse con la firma de los tratados de paz y la creación de instituciones multilaterales destinadas a promover la seguridad colectiva y la interdependencia entre los pueblos.

El texto constitutivo de una Organización Internacional de Comercio (OIC), aprobado por la Conferencia de La Habana en 1948, nunca fue ratificado, pero en octubre de 1947, 23 participantes habían firmado un acuerdo provisorio, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), con el cual entraba en vigor el capítulo de política comercial de la Carta de la OIC. La primera ronda de negociaciones bajo los auspicios del GATT resultó en un paquete de reglas y 45.000 concesiones arancelarias que afectaban a 10.000 millones de dólares en comercio, aproximadamente una quinta parte de los intercambios globales.

Con la creciente liberalización de los mercados de manufacturas, gracias a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida, se aceleraron, en los primeros años de existencia del GATT, tanto el comercio entre las Partes Contratantes como el proceso de globalización. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con los bienes agrícolas y/o basados en recursos naturales, que desde la década de 1950 y a lo largo de los años 1960 comenzaron a verse afectados por políticas y medidas de protección y subsidios en los principales mercados importadores.

El GATT nunca fue propiamente librecambista, sino más bien antiproteccionista, ya que admitía el arancel como único instrumento de política comercial, destinado tanto a igualar las condiciones de competencia como a permitir que las industrias nacientes o en dificultades, debido a importaciones con dumping o subvencionadas, se ajustaran a condiciones de competencia desfavorables.

De ahí surgen las asimetrías y la discriminación que caracterizaron, y hasta hoy caracterizan, el trato dado a la agricultura por los países industrializados, aún empeñados en garantizar a sus agricultores un nivel de vida cercano al de otras categorías profesionales mediante políticas de apoyo orientadas tanto a la sostenibilidad de los precios, haciendo recaer sobre el consumidor el costo de la protección, como a los subsidios públicos, en los que el contribuyente paga la diferencia entre el precio que la sociedad decide garantizar a sus agricultores y las cotizaciones internacionales.

Otras industrias o sectores en gran medida intensivos en mano de obra, y por ende negativamente afectados por las importaciones procedentes de países en desarrollo, también lograron obtener de sus gobiernos la imposición de restricciones cuantitativas, en principio prohibidas según el Artículo XI del GATT, con el objetivo de mantener empleos sin provocar rupturas en los flujos comerciales.

Cabe señalar que las llamadas “tarifas recíprocas” con las que la administración Trump amenaza unilateralmente las importaciones de los socios comerciales de EE.UU. constituyen una violación prima facie tanto de la cláusula de nación más favorecida como de los compromisos asumidos multilateralmente por el mayor país importador del mundo. Pueden ser el preludio de un escenario similar, no al de los años 30, sino al de los años 80, cuando el sistema de solución de controversias del GATT no tenía la suficiente fuerza para ordenar de manera obligatoria la eliminación de una medida considerada incompatible con las obligaciones pactadas. En esas condiciones, y con el objetivo de mantener las importaciones de productos “sensibles” en niveles que permitieran garantizar precios internos competitivos, se forjaban los VRAs, sigla en inglés de los temidos acuerdos de restricción “voluntaria”, prohibidos a partir de 1995 con la entrada en vigor de los acuerdos alcanzados en las negociaciones de la Ronda de Uruguay.

A pesar de las violaciones esporadicas, especialmente por la aplicación cuestionable de derechos antidumping o de medidas compensatorias, el sistema multilateral de comercio, impulsado por normas más estrictas y, sobre todo, por un sistema de solución de controversias con un tribunal de última instancia, el Órgano de Apelación, funcionó satisfactoriamente hasta 2001.

A partir del ingreso de China en la OMC, con motivo del lanzamiento de la Ronda de Doha en 2001, el comercio se expandió sustancialmente, al igual que las disputas entre el nuevo miembro y sus principales socios, especialmente EE.UU. Prácticamente todas estas disputas, una vez resueltas por los panels, eran llevadas al Órgano de Apelación, que, a pesar de estar sobrecargado, no solo cumplía su función, sino que comenzó a operar como un verdadero tribunal, elaborando dictámenes que con frecuencia contradecían los métodos y procedimientos adoptados, por ejemplo, por el Departamento de Comercio de EE.UU. para demostrar dumping.

En 2016, incluso antes de que comenzara el primer mandato del presidente Trump, el Representante Comercial de EE.UU. (USTR) bloqueó el proceso de nombramiento de un sucesor para ocupar la vacante dejada por el mexicano Ricardo Ramírez y procedió de la misma manera con cada nueva vacante en el Órgano de Apelación, que finalmente, por falta de quórum, fue desactivado en 2019.

Son imprevisibles los efectos que la imposición de “tarifas recíprocas” puede causar en las distintas cadenas de suministro. Tampoco está claro en qué sectores y con qué países habrá margen para negociaciones, ya sea en torno al acceso a mercados o en relación con cuestiones no comerciales. Sin duda, habrá cambios en las estadísticas que miden el respeto al principio básico de no discriminación sobre el que se sustenta el GATT, dado que, según estudios recientes, más del 80 % de los intercambios internacionales se realizan bajo el principio de nación más favorecida (NMF).

También parece probable que los países cuyas exportaciones a EE.UU. sean unilateralmente sobrecargadas busquen algún tipo de entendimiento bilateral para al menos contener los daños y asegurar la continuidad de los flujos comerciales, aunque sean reducidos. Esto se debe a que, con el Órgano de Apelación de la OMC paralizado, falta garantía de cumplimiento de una recomendacion emanada del “panel”, y eso después de un proceso de larga duración.

Las “tarifas recíprocas” deben entrar en vigor el próximo 2 de abril, por lo que la diplomacia comercial dispone de todo un mes para intentar influir en el paquete que se está elaborando. Se dice que el Reino Unido ha tomado la delantera.

José Alfredo Graça Lima es vicepresidente del Consejo Curador del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI). Diplomático y embajador retirado,  centró su carrera en la diplomacia comercial y las negociaciones. Como principal negociador de Brasil en la Ronda de Uruguay, desempeñó un rol clave en el rediseño del sistema de comercio multilateral y en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).