UNA REFLEXION ACERCA DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Por Mario Baizán

Conferencia dictada por el autor en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales con motivo del Seminario: "El Estado Argentino ante las Nuevas Amenazas". Julio de 2001.

Quisiera comenzar esta exposición mencionando un recuerdo doloroso y terrible para la Nación Argentina: los argentinos hemos tenido una vivencia dramática y clara de lo que significa el terrorismo de la Posguerra Fría.

Sufrimos dos atentados muy graves en 1992 y en 1994, contra la embajada de Israel y contra la mutual israelita AMIA, que arrojaron como saldo más de setenta muertos, daños materiales cuantiosos y una secuela social y cultural no menos terrible: la certeza de que en Buenos Aires también se puede morir de repente y absurdamente como víctima de una guerra acerca de lo cual se ignora todo.

Esos graves hechos enfrentaron al gobierno de entonces y a la sociedad toda, a la evidencia de que había aparecido un nuevo tipo de amenaza para la seguridad pública totalmente desconocida. Se trataba de un peligro de naturaleza desconocida que requería de pronto respuestas rápidas, efectivas y operativas, aún cuando ni la opinión pública ni los elementos del Estado destinados a garantizar la seguridad estuvieran en condiciones objetivas de enfrentarlo con éxito inmediato.

La irrupción de la tragedia terrorista en la vida cotidiana nos obligó a todos a un urgente y cruel aprendizaje, donde debimos generar respuestas creativas y novedosas conviviendo con realidades tan diversas como el dolor extremo de los deudos de las víctimas directas de los atentados, hasta la estupidez de los que pretendían negar la evidencia de lo ocurrido.

La falta de pericia técnica para manejar la crisis en los momentos inmediatos posteriores a ambos atentados, los errores cometidos por algunos de los investigadores que debieron enfrentar el problema, o la falta de respuestas inmediatas para la angustia de las víctimas fueron muestras claras de esas carencias. Más allá de las deficiencias cómplices que pudieran verificarse, una verdad patética que todos sospechábamos se vio a la luz: el Estado argentino no estaba en condiciones de preparación para enfrentar los ataques del terrorismo transnacional propio de la post guerra fría y que, por lo tanto todos los oficiales del gobierno argentino debieron enfrentar la dura tarea de crear y ejecutar una estrategia propia para enfrentar al nuevo enemigo, comenzando el trabajo por las respuestas a las preguntas más elementales.

El Estado argentino recién comenzó a reaccionar frente a la nueva amenaza terrorista en 1995, unos meses después de que el atentado contra la AMIA dejara en claro que no estábamos ante una "desgracia circunstancial" y por lo tanto errática, sino ante la posibilidad de que la Argentina se hubiera transformado en un blanco continuo para el terrorismo transnacional.

El atentado contra la AMIA fue posible porque el Estado argentino no supo o no pudo enfrentar la amenaza terrorista después del ataque contra la embajada de Israel. Sin duda que esa demora merece una crítica, pero los hechos posteriores demuestran que cuando se asumió con claridad el problema las soluciones se fueron construyendo, y eso también reclama un reconocimiento histórico.

Seguramente una de las causas estructurales de esa demora fue la experiencia social argentina en torno al concepto de "terrorismo".

No se trata de justificar las conductas delictivas de los malos funcionarios, solamente apuntamos a una conciencia social muy propia de las sociedades que han vivido experiencias colectivas traumáticas y que se niegan a aceptar en primera instancia toda circunstancia que pudiera conectarlas con ese pasado que se busca superar.

La palabra "terrorismo" nos remite a los argentinos a nuestra memoria social e histórica de los años 60, 70 y los típicos conflictos de la Guerra Fría. La experiencia de la violencia política con su secuela de represiones afuera del marco de la ley, fue lo suficientemente dolorosa para la sociedad argentina como para alentar la negación, como primera reacción luego del ataque terrorista de 1992 contra la embajada de Israel. Era mucho más tranquilizador suponer que se trataba de un episodio local, de una guerra lejana en la que era mejor no meterse, antes que asumir las reglas que el terrorismo transnacional estaba imponiendo y que habían transformado a Buenos Aires en uno de los ejemplos de su nueva estrategia global.

Desgraciadamente esa conciencia negadora no solamente estuvo presente en ciertos núcleos de la opinión pública, reacios a aceptar que la dialéctica impuesta por la globalización involucra a todas las naciones en el escenario mundial más allá de la voluntad de los actores políticos. Algunos funcionarios del Estado también participaron de ese punto de vista adormecededor de las conciencias, y postergaron la definición de políticas de estado de prevención del terrorismo que debían comenzar precisamente por la comprensión de los elementos de la nueva amenaza que enfrentábamos.

EL TERRORISMO TRANSNACIONAL

A partir de enero de 1995, el gobierno argentino comenzó a gestar los elementos de una estrategia nacional para enfrentar y prevenir los ataques del terrorismo internacional. La primera constatación fue que el nuevo tipo de amenaza terrorista que había atacado por dos veces a la Nación Argentina, era un fenómeno político y social muy distinto al que conocimos en América Latina en la segunda mitad del Siglo 20, como herramienta política para encarar las guerras civiles nacionales que jalonaron la historia de la mayoría de los países de la región. Dice el gneral Delamaissoneuve que el terrorismo de la Posguerra Fría, es la guerra de los pobres, es decir, es el método adoptado por determinadas minorías culturales, religiosas, étnicas o nacionales para ejercer una resistencia violenta a las pautas políticas, sociales y culturales que definen las potencias más adelantadas de Occidente, y que se ha definido como la globalización sobre todo desde el comienzo de los 90.

Este nuevo terrorismo transnacional se transforma en una amenaza política de primer orden para los estados nacionales, porque pone brutalmente en entredicho una de las condiciones necesarias de legitimidad de esos Estados nacionales: el monopolio del uso de la fuerza en el espacio público. Y no lo hace de una manera módica, sino que lo hace a través de actos de extrema brutalidad que necesariamente deben terminar con la vida de muchos ciudadanos, porque se trata precisamente de enviar un mensaje de poder absoluto sobre la muerte de los no beligerantes, a través de una lógica ajena a la lógica del combate, de modo tal de instalar la idea de que muchos civiles inocentes pueden morir si no son respetados los puntos de vista o las creencias de esos grupos étnicos y religiosos que recurren al terrorismo para hacer oír su voz.

Los dos atentados de Buenos Aires son una muestra clara del poder desarticulador que tienen sobre las sociedades nacionales ese tipo de ataques terroristas, sobre todo por la baja calidad de las respuestas políticas y sociales ante ese nuevo tipo de agresiones. Las muertes de Buenos Aires fueron para el mundo un mensaje tan cruel como efectivo: "cualquiera puede morir en cualquier parte del mundo mientras no se resuelva la situación de Medio Oriente de acuerdo a las opiniones de los grupos musulmanes fundamentalistas".

Tomar conciencia de esa característica central nos llevó a pensar con precisión el resto de los datos que definen el perfil de la amenaza que enfrentábamos. En principio, está claro que es una forma de agresión transnacional, que está más allá de las lógicas de los Estados nacionales como los conocimos en la modernidad. Esto es que las organizaciones terroristas de la Posguerra Fría no asumen como propia la lógica de la toma del poder en un estado nacional definido, y mucho menos en los lugares elegidos para cometer los atentados globales.

El objetivo central consiste en producir golpes terroristas de inmediata resonancia en la red global de informaciones públicas y noticias, que impliquen por lo menos el logro de tres objetivos:
a) Llamar la atención acerca de la lucha central que esos grupos están llevando adelante contra "los poderosos de la tierra".
b) Demostrar que los intereses concretos de sus enemigos son vulnerables en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando "los fieles" actúen con paciencia y con organización.
c) Ningún país de la tierra puede creerse a salvo de la posibilidad de ser escenarios de este nuevo tipo de guerra entre los humildes y lo poderosos de la globalización.

La novedad más importante que aporta este nuevo tipo de estrategia es, tal vez, una paradoja cultural notable: los grupos étnicos, religiosos y culturales que buscan resistir el orden político, cultural y social de la globalización comienzan por adaptarse a sus reglas de poder para desarrollar su guerra.

Es por eso que, en la estrategia del terrorismo transnacional, la cantidad de muertes, los daños causados y las escenas de desesperación de los sobrevivientes y aún de las víctimas moribundas, son recursos "pedagógicos" de un discurso político brutal transmitido por los medios globales de comunicación, antes que objetivos militares valorados dentro de la lógica de un conflicto tradicional.

Es por eso también que las organizaciones terroristas de la post Guerra Fría usan con gran precisión categorías tan abstractas e inasibles como las ideas de "espacio virtual" y "tiempo real", para potenciar su capacidad operativa sin preocuparse, ni por un momento, por los tradicionales principios de la guerra irregular que aconsejaban ante todo crear una "retaguardia ambiental" -esto es una base social referida a un territorio- donde moverse con comodidad.

La otra característica central de este nuevo terrorismo es su capacidad para organizarse en redes, evitando los esquemas organizacionales piramidales propios de la era industrial. Se abandona definitivamente el esquema piramidal de las organizaciones con poder concentrado, con una lógica de desarrollo primero de propaganda armada, segundo de control territorial, tercero de guerra de guerrillas, y finalmente de guerra convencional, y se adopta claramente el sistema de organización en redes.

Las redes permiten ante todo minimizar los peligros de la acción represiva del oponente porque en la naturaleza misma de las redes está la posibilidad de ser usadas para diversos objetivos sucesivos o simultáneos. La experiencia argentina en ambos atentados demostró que las mismas redes que son usadas para distintos tipos de tráficos legales o ilegales, pueden ser usadas en las operaciones terroristas, para volver a su tarea anterior no bien cumplidos los objetivos encomendados. Ese sistema otorga a los terroristas la posibilidad de crear su propia logística y de mantenimiento, y su propia red protectiva con respecto a las organizaciones policiales corruptas de modo tal que después de cometidos los atentados pueden existir por años "células dormidas" que solamente serán activadas para el caso en que se haga necesario.

El siguiente elemento constitutivo de este nuevo tipo de organizaciones terroristas es su falta de prejuicios ideológicos para aliarse con el crimen organizado en cualquier fase de su operatoria, desde la búsqueda de fondos hasta la obtención de documentos, la forma de vulnerar fronteras, o la capacidad para desarrollar sus propios coches bombas usando organizaciones criminales locales.

Sin embargo el punto débil de este nuevo tipo de organizaciones terroristas es el que en apariencia es su fortaleza: toda organización de redes requiere de nodos o centros vitales a partir de los cuales se tejen los vínculos. En este caso se trata de las "ciudades enclaves", en centros estratégicos donde se concentra el crimen transnacional organizado para gestionar sus propias redes. La información de inteligencia corroboró enseguida nuestra hipótesis. Así fue como llegamos a Ciudad del Este.

LAS RESPUESTAS ARGENTINAS

En enero de 1995 el gobierno argentino comenzó a enfrentarse a una situación crítica en términos de la lucha contra el terrorismo.

Mientras las investigaciones judiciales acerca de los dos atentados terroristas de Buenos Aires avanzaban erráticamente, por otro lado se acumulaban los informes de inteligencia acerca de la consolidación de nidos de actividad terrorista en la zona de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

Cuando el doctor Carlos Corach asumió el Ministerio del Interior se evaluó la situación en el máximo nivel del gobierno argentino, y se decidió que era necesario poner en marcha una estrategia orientada a resolver dos cuestiones igualmente decisivas:
a) Lograr llevar ante los tribunales a los responsables de los atentados contra la embajada y contra la AMIA -tanto a los responsables internacionales como a los locales- aún asumiendo que esa tarea pudiera requerir años de trabajo, habida cuenta de la dificultad que ofrecen esos tipos de investigaciones y de las torpezas ocurridas en los primeros tramos de las pesquisas realizadas en la Argentina.
b) Crear las condiciones políticas, económicas, sociales y operativas para alejar la amenaza terrorista lo más lejos posible del territorio argentino, dificultando por todos los medios la instalación de los "nidos" que permitieron los ataques anteriores.

Esas decisiones no fueron publicitadas en la prensa y recién ahora pueden ser mencionadas por elementales razones de estrategia operativa, pero lo cierto es que a partir de 1995 el Estado argentino comenzó a tener una estrategia de prevención del terrorismo que permitió que a mediados de 1999 las autoridades de Inteligencia de los Estados Unidos y de Israel, reconocieran en documentos reservados, el cambio de condiciones logradas por la Argentina en materia de lucha contra la amenaza terrorista, valorándolas como "éxitos destacables" en el sentido de la aplicación de estrategias integrales de prevención.

Sin duda que el apoyo a las investigaciones judiciales en curso fue el primer test decisivo para esa nueva política, sobre todo porque en la opinión pública se estaba consolidando la errónea percepción de que no se estaba haciendo nada para esclarecer ambos casos.

En ese punto la única tarea posible para el Poder Ejecutivo debía consistir en poner a disposición de las autoridades judiciales pertinentes todo el poder del Estado nacional para avanzar en las causas respectivas.

Específicamente, en el caso de la embajada de Israel, la causa estuvo desde el principio en manos de la Corte Suprema de Justicia y, en general, los requerimientos específicos de ese cuerpo se dirigieron a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tal vez por el carácter decididamente internacional del problema.

A principios de 1995, cuando la investigación del atentado contra la AMIA entra en una crisis operativa cierta por la tarea francamente reticente de sectores de la Policía Bonaerense, más preocupados en desviar la investigación que en llevarla a buen puerto, se crea en el ámbito de la Policía Federal la Dirección Unificada de Investigaciones Antiterrorista al mando del Comisario Jorge Palacios.

El Ministerio del Interior le asignó a ese cuerpo especial todo el personal y el equipamiento requeridos -en algunos casos de última generación- y le impuso como misión principal la de ayudar al juez Juan José Galeano a investigar el atentado terrorista contra la AMIA.

La tarea de ese cuerpo fue analizada por expertos del FBI y de los cuerpos expertos en la investigación antiterrorista del Estado de Israel, y en ambos casos la evaluación fue similar: la investigación judicial realizada con el apoyo de la DUIA es de primer nivel y en la evidencia colectada están los elementos para esclarecer definitivamente el caso.

El juicio oral y público que comenzará en breve revelará la profundidad y la densidad de ese trabajo realizado sin la menor experiencia previa, porque hay que decirlo, los hombres de la DUIA lograron su especialidad en la lucha contra el terrorismo internacional aprendiendo de su propia práctica, lo cual revela también otra dimensión muy importante del trabajo realizado.

Esa capacidad de aprender desde la nada es la característica central de los nuevos organismos de prevención y combate contra el terrorismo transnacional, que se están creando alrededor del mundo. Incluso el FBI, al crear su propia unidad especial para atender estas nuevas amenazas, destacó la necesidad impuesta por la realidad en el sentido de aprender todo desde cero.

Más allá del aporte técnico investigativo que el Estado nacional podía aportar para la tarea de orientar las investigaciones judiciales en marcha, existía un aporte político que el gobierno debía hacer a las investigaciones: la identificación de los posibles testigos y la generación de las herramientas legales y operativas que facilitaran su aporte al esclarecimiento de los atentados.

En el terreno de los testigos posibles o potenciales se desarrolló una tarea política consistente -tanto en el ámbito regional como en el contexto mundial- para lograr que comparecieran ante los jueces argentinos todos aquellos que de alguna manera podían entregar información relevante para la causa. Además se propició la creación de un fondo especial de tres millones de dólares como recompensa para quien aporte información decisiva en ambas causas terroristas.

Junto con eso se desarrolló una campaña internacional de propaganda para alentar a quienes tengan datos de los atentados a ponerse en contacto con las autoridades argentinas.

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