La crisis argentina

Ministro de Economía de la Argentina desde el 3 de enero hasta el 23 de abril de 2002

Jorge Todesca
Secretario de Política Económica (en igual período)

Eduardo Ratti
Secretario Legal y Administrativo (en igual período)

La crisis que estalló en diciembre de 2001 comenzó varios años antes, y resultó ser la más profunda de los últimos cien años. Sus principales rasgos: caída del PBI, desde junio de 1998, con deflación; pérdida del veintidós por ciento de los depósitos y del cuarenta y cinco por ciento de las reservas en 2001; salida y fuga de capitales y pérdida total del crédito externo, público y privado; declaración del default y aislamiento internacional; crecimiento insostenible de la deuda –en relación con las exportaciones totales era de 5,3 veces y el pago por servicios superaba el valor exportado–; el mayor riesgo país del mundo; elevada pérdida de competitividad por la sobrevaluación cambiaria; déficit fiscal fuera de control –seis por ciento del PBI–; sistema financiero deteriorado –circulación de cuasi monedas y tasas de interés elevadas–; indisponibilidad de los depósitos ( corralito ) y control de cambios en diciembre 2001; aumento de la pobreza, desigualdad y desempleo, desde 1995. En ese contexto y tras las renuncias de los presidentes Fernando de la Rua y Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde es designado en el Congreso por una alianza heterogénea, en medio del descreimiento de la población, fuerte convulsión social y desconfianza interna y externa sobre la durabilidad del gobierno.

La experiencia internacional indica que abandonar un tipo de cambio fijo es siempre traumático y complejo. De allí que, en el exterior, descontaban que se habría de salir de la convertibilidad en un contexto de serias dificultades. Lo que nunca antes se había experimentado era una crisis integral, dada por la combinación de graves aspectos cambiarios, fiscales, externos, financieros, sociales y políticos.

Las causas de esta crisis fueron múltiples, y se pueden atribuir a errores de los gobiernos y al respaldo de políticas inconsistentes por parte de los organismos internacionales y grupos de interés.

Entre ellas podemos señalar el escaso avance en las reformas institucionales (justicia, educación y sistema de partidos políticos); demoras en la modernización del Estado –inconsistencias en la relación entre la Nación y las provincias, y deficiencias severas en la administración tributaria–; indisciplina fiscal en todos los niveles de gobierno –sumado al déficit generado por la reforma del sistema jubilatorio–; ausencia de estrategias de desarrollo industrial y de apoyo a las Pyme; inexistencia de políticas de empleo frente al impacto de la apertura y las privatizaciones; falta de adecuada regulación y fiscalización de los servicios públicos; ausencia de una estrategia de apertura gradual, de promoción de exportaciones y de negociación de las relaciones financieras y comerciales.

Adicionalmente, la convertibilidad tenía problemas endógenos. Era una herramienta procíclica, que sólo permitía ajustar por el nivel de empleo y que además incentivó un sistema financiero doblemente vulnerable: al permitir la constitución de depósitos en moneda extranjera, bajo un sistema de reservas fraccionarias, los bancos estaban autorizados a crear seudo dólares, y debido a la inexistencia de limitaciones al destino del crédito en moneda extranjera –la enorme mayoría de los deudores tenían ingresos en pesos– expuso al sistema a un descalce cada vez mayor, cuanto más alto era el riesgo cambiario.

Por otra parte, para sostenerse requería del permanente ingreso de divisas. Al revertirse el ciclo, se recurrió a un creciente endeudamiento público para sostener la convertibilidad, mantener el tipo de cambio y financiar la fuga de capitales.

Así, durante los años noventa, la Argentina construyó con endeudamiento, especialmente público, un espejismo de prosperidad, con un ingreso per cápita que no correspondía a su productividad y consistencia macroeconómica, a expensas de creciente desempleo, desindustrialización y pérdida de competitividad.

De ese modo se frustró la oportunidad de integrarnos al mundo en forma racional y de desarrollarnos armónicamente, sin pagar costos sociales y económicos que hubiesen podido evitarse.

Las causas principales de semejante inconsistencia responden a la actitud de muchos dirigentes, pero hubo también consentimiento de organismos internacionales y apoyo de ciertos grupos de interés. Durante 2001 la prédica de hombres del establishment facilitó la fuga de capitales, la pérdida de depósitos y la venta de bonos argentinos –en poder de los bancos– hacia pequeños ahorristas diseminados por el mundo.

Después del estallido

Al asumir el gobierno de transición la situación era particularmente compleja, ya que no se contaba con tiempo para formar consensos mínimos sobre las medidas que se debían instrumentar, ni con organizaciones políticas y sociales, ni con los organismos internacionales. Era inevitable que la salida de la crisis fuese traumática; la quiebra de la economía planteaba la difícil misión inicial de repartir pérdidas y los beneficios sólo habrían de apreciarse más adelante. Además, había que actuar rápidamente y evitar el estancamiento que agravaría la crisis, dentro de un contexto internacional diferente que imponía visiones más rígidas en materia de asistencia a países en crisis, y que pretendía que la Argentina fuera el primer caso al que se aplicara esa nueva concepción.

Por otra parte, una vez iniciada la gestión, aparecieron nuevas perturbaciones, entre ellas el inicio del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el posterior fallo de la Corte abriendo el corralito, la modificación de la Ley de Quiebras, la resistencia a derogar la Ley de Subversión Económica, así como la aparición de dudas en miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso sobre cuestiones tales como la incipiente flotación del tipo de cambio y la conveniencia de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Considerando que para resolver con éxito una crisis profunda en un contexto de debilidad del poder político se requiere, como mínimo, que los distintos actores estatales compartan ciertas ideas básicas, todas estas cuestiones jugaron un rol negativo y contribuyeron a demorar la salida. El gobierno sólo se encontraba legitimado para superar la situación extrema de diciembre de 2001, por eso es que su programa económico de emergencia sólo podía tener pocos y bien definidos objetivos.

Este programa integral permitió detener la caída, iniciar la reactivación, evitar la hiperinflación y cubrir las necesidades de los más pobres. Le puso piso a la crisis, y es por eso por lo que rápidamente, desde el momento en que se tomaron las medidas, la economía comenzó a recuperarse mes a mes.

Para restaurar el equilibrio macroeconómico y evitar la hiperinflación, se adoptó un tipo de cambio flexible –flotación administrada–, se planteó un presupuesto nacional que abandonara la tendencia deficitaria creciente y alcanzara superávit primario; se acordó con las provincias la reducción sustancial de sus propios déficit –inicio del ordenamiento fiscal y eliminación del piso de la coparticipación y los bonos provinciales–. Además, se adoptó una política monetaria restrictiva y se llevó a cabo un ordenamiento de los redescuentos, procurándose recomponer la tasa de interés; se pesificaron las obligaciones en dólares; se buscaron alternativas al corralito; se reestructuró la deuda pública interna; se aplicaron con sentido transitorio derechos de exportación –retenciones– sobre las ventas externas que tuvieron el doble efecto de contribuir al equilibrio fiscal y moderar los precios internos; y se convirtieron a pesos las tarifas de los servicios públicos.

Junto al reordenamiento y estabilización macroeconómica, se plantearon nuevos instrumentos financieros y la creación de líneas de crédito (fondeadas externa y localmente) para prefinanciar exportaciones y actividades productivas.

A su vez, para brindar contención a los desempleados, el gobierno del presidente Duhalde amplió el financiamiento de programas sociales de emergencia, fundamentalmente el de jefes y jefas de hogar desocupados.

Con el objetivo de normalizar las relaciones con el mundo, se re-tomó la negociación con los organismos internacionales a fin de lograr apoyo para mantener el tipo de cambio bajo control, refinanciar la deuda pública y obtener financiamiento para la reactivación.

Se evaluó que la situación obligaba a ejecutar sólo las reformas estructurales imprescindibles para la resolución de la crisis, y así se empezaron a elaborar propuestas para la reestructuración del sistema bancario y la administración tributaria, cuya ejecución exigía tiempos y acciones de mayor alcance.

Las medidas tomadas respondieron a una evaluación objetiva de la crisis, su

En diciembre de 2001 la convertibilidad ya había colapsado. En los años anteriores se habían hecho intentos por mantenerla, pero todos fracasaron: el piloto automático de 1998-99 presumía que todo se ajustaría positivamente, pese a la recesión iniciada a mediados de 1998.

Luego, el gobierno de la Alianza aumentó impuestos y obtuvo del FMI un blindaje de cuarenta mil millones de dólares con lo que pensaba ganar credibilidad, pero la economía siguió cayendo y perdiendo competitividad. En abril de 2001 cambió su estrategia y procuró reducir el gasto público, pero también fracasó.

Se inicia en mayo la etapa final en un proceso plagado de marchas y contramarchas: convertibilidad ampliada, múltiples tipos de cambio con los programas de competitividad, renegociación de la deuda externa al quince por ciento anual, déficit cero, creación de cuasi monedas, control de cambios y corralito.

Todas estas acciones aumentaron gravemente la inconsistencia macroeconómica, perdiéndose la confianza interna e internacional; el FMI puso fin a su asistencia.

En definitiva, no se afrontó la situación cuando aún era posible realizar profundos cambios de modo poco traumático. Lo que quedaba por delante era la parte más difícil, la más ingrata, la de sincerar la situación, algo que hasta ese momento nadie se había animado a hacer. Pero había que formalizar la realidad que todos conocían: un dólar no valía un peso. De hecho a esas alturas ya existía un mercado paralelo donde la cotización era de dos pesos por dólar.

Sin embargo, algunos dirigentes y analistas del establishment insistían en que se la podía mantener... Simultáneamente, muchas instituciones financieras se desprendieron de los bonos argentinos vendiéndolos a pequeños ahorristas de diversas partes del mundo.

En diciembre de 2001, frente al estallido de la crisis, se debatían diversas alternativas.

Una de ellas proponía seguir con la convertibilidad, en algunas propuestas cambiando la relación del uno a uno, pero manteniendo sus principios básicos. Pero ningún experto supo decir cómo algo así podría sustentarse luego del colapso, máxime que a nivel internacional nadie creía ya en ese tipo de soluciones. Algunos proponían medidas tan irreales como bajar los precios y salarios un treinta por ciento o esperar que, milagrosamente, retornasen los capitales.

La alternativa de dolarizar era sostenida por quienes afirmaban que para disciplinarnos se requería de legislación externa, pero, en el fondo, expresaban el interés de los grupos más concentrados por preservar la situación adquirida antes de la devaluación. Sin embargo, por este camino no se hubiesen resuelto ninguno de los problemas heredados de la convertibilidad.

Después del momento culminante de la crisis, algunos reconocieron que había que devaluar, pero de un modo diferente. Dicen que se devaluó sin plan, sin siquiera tomarse el trabajo de analizar el conjunto de las políticas propuestas y adoptadas. Otros decían que había que salir lentamente –anunciando una devaluación mensual, por ejemplo–, pero en ningún caso esos sectores exponen, o expusieron en su momento, cuál era ese correcto modo de hacer lo que, a su juicio, terminó haciéndose mal.

También se planteaba que había que esperar el acuerdo con el FMI para flotar, suponiendo que era posible mantener la convertibilidad si éste tardaba cuatro o cinco meses. Pero en el mercado paralelo, hacia fines de diciembre de 2001, el dólar ya estaba en dos pesos. ¿Qué habría ocurrido en esos meses de espera?

Superado el momento crítico también aparecieron quienes postulaban que había que crear ciertas condiciones antes de devaluar, olvidando cuál era la situación a fines de 2001 –circunstancias políticas, clima social, feriado cambiario y bancario, fuga de capitales–; sin embargo nadie dijo cuáles eran esas condiciones. No hay dudas de que si se hubiera salido de la convertibilidad en 1997 –con tiempo, poder político consolidado y expectativas sociales favorables– todo habría sido diferente; tal como ahora y a destiempo lo reconocen ex altos funcionarios del Banco Mundial, del FMI y del BID. También ahora algunos economistas locales empiezan a ensayar sus propias autocríticas.
 

Al inicio de nuestra gestión las reservas se encontraban en un nivel crítico; exponerlas a una pulseada con el mercado habría significado cometer los mismos errores de 2001, ya que en poco tiempo habrían caído dramáticamente, el tipo de cambio se hubiese descontrolado y habría estallado la hiperinflación.

La flotación del tipo de cambio plantea incertidumbres en una etapa inicial, hasta que sólo se producen fluctuaciones leves. A partir de ese momento, el sistema presenta un futuro predecible, ya que hace posible una adaptación más rápida y menos costosa –en términos de producción y empleo– de la economía a los movimientos de las monedas del resto del mundo, y a los flujos internacionales de capitales; acerca y obliga a prácticas monetarias sanas, como ocurre en cualquier país normal; y abre la posibilidad de recuperar la dinámica del crecimiento, basada en una estructura productiva más compleja y con mejor inserción internacional. Pero la flexibilización cambiaria no garantiza, por sí sola, la consecución de esos objetivos, aunque constituye una condición necesaria para lograrlos.

La idea era ir hacia la flotación del tipo de cambio; sin embargo, la magnitud de los desequilibrios y la existencia de una inalterada estabilidad cambiaria que duró más de diez años, llevó a concluir que, políticamente, esa opción era riesgosa porque podía producirse una gran depreciación inicial. Por eso es que se intentó comenzar con un tipo de cambio fijo en un nivel que, según distintos estudios, era el de equilibrio –un dólar a un peso con cuarenta centavos–. Prontamente en el mercado paralelo llegó a un peso con setenta centavos, pero fue subiendo hacia el mes de mayo hasta tres pesos con cincuenta centavos, para luego bajar y estabilizarse. Si bien el overshooting fue parecido al de muchas economías que salieron del tipo de cambio fijo, cabe preguntarse ¿por qué hubo una disparada tan pronunciada? Hay varios factores, algunos previamente advertidos y otros que aparecieron o se agudizaron imprevistamente, que permiten explicar esto:

•El fallo de la Corte del primero de febrero fue un golpe no previsto –y muy negativo– que provocó la masiva salida de fondos de los bancos –medidas cautelares dispuestas en amparos–.

•La escasa liquidación de divisas de exportación por razones especulativas.

•Las serias dificultades para hacer un control de cambios efectivo –el Banco Central hacía más de una década que no intervenía en el mercado y había perdido la experiencia de administrar la política cambiaria–. Los funcionarios que sabían del tema estaban jubilados y la estructura administrativa había desaparecido.

•Las anotaciones anticipadas de los importadores en diciembre de 2001 por cinco mil millones de dólares.

•La fuga previa, en 2001, de los capitales hacia el exterior.

•Las presiones del G7 y el FMI por pasar a una flotación libre que contribuyeron a crear expectativas alcistas.

•Las visiones catastróficas de muchos economistas, que opinaban desde la ideología o para justificar sus posiciones a favor de la convertibilidad o la dolarización.

•El contexto político, con sus ambigüedades, contradicciones y contramarchas, que dificultaron enfrentar una dura realidad.

Estos factores provocaron, rápidamente, una diferencia significativa entre el tipo de cambio oficial y el libre, lo cual conspiró contra la liquidación de las exportaciones y aumentó la presión de los importadores, iniciándose un círculo vicioso del cual era imperioso salir. Debido a ello y cuando el tipo de cambio libre llegó a dos pesos con diez centavos por dólar, se decidió adoptar un sistema de flotación sucia, esto es, con intervención del Banco Central y controles cambiarios.

El tránsito de una economía de tipo de cambio fijo y alto nivel de dolarización a otra con cambio flotante, requiere de una verdadera reingeniería. Frente a la existencia de una gran mayoría de depósitos y préstamos nominados en dólares había tres opciones:

•Dejar las cosas como estaban. Como la inflación fue menor que la devaluación, los depositantes habrían tenido una importante ganancia de capital en pesos. Los deudores, a su vez, se habrían vuelto insolventes masivamente, con quiebras de familias y empresas.

•Otra opción consistía en convertir todo uno a uno, sin actualización. Lo que habría significado una brutal licuación de pasivos y destrucción de ahorros.

•La alternativa elegida fue convertir a pesos con actualización. Era lo más equitativo para ahorristas y deudores e iniciaba un proceso de devolución de depósitos realista en un contexto de crisis.

Al elegir un factor de ajuste de un peso con cuarenta centavos más el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia –índice que recoge la inflación–) para la actualización de los depósitos, los ahorristas obtuvieron una ganancia de capital en pesos del cuarenta por ciento, y se preservó su poder adquisitivo en el país.

Del lado de las deudas se presentaba también un problema grave. La mayor parte de los préstamos a individuos o empresas, cuyos ingresos eran en pesos, habían sido nominados en dólares. La multiplicación del valor de las deudas, como resultado de la devaluación, las habría tornado impagables y, por lo tanto, los bancos no habrían podido devolver los depósitos. Propusimos la pesificación con el mismo criterio que los depósitos, aunque en un esquema de aumento del número de cuotas para que su valor se mantuviera. Sin embargo, luego de intensas discusiones con los empresarios y los bancos, el gobierno aceptó la conversión de las deudas bancarias a pesos uno a uno. Lo ocurrido posteriormente demuestra que las deudas, aun pesificadas uno a uno, siguieron presentando dificultades para su pago. Ciertamente la pesificación asimétrica tuvo un costo fiscal, pero cabe interrogarse sobre cuál habría sido el costo –colapso productivo, pérdidas de empleo y de ingresos familiares– de no habérsela adoptado.

La necesidad de mantener el corralito 

Los grandes ahorristas sacaron sus fondos en 2001; quedaban los chicos y medianos. No existían dólares para devolver los cincuenta mil millones de dólares en depósitos, ni pesos para cubrir los veinte mil millones de colocaciones en esa moneda. Los bancos no tenían los dólares reclamados –estaban prestados y no se podían recuperar inmediatamente– y la liquidación o quiebra de varios de ellos no sólo habría perjudicado a sus ahorristas, sino también generado una mayor inestabilidad en el sistema, agravando la crítica situación económica. Las reservas eran de nueve mil millones de dólares; aún aplicándolas todas, el problema no se resolvía.

La caída de depósitos de 2001 se intentó frenar en diciembre con el corralito. Ante la incertidumbre lógica del momento no había otra posibilidad que continuar con esa medida, por más antipática que fuera.

Entonces, lo que se hizo fue reprogramar en un plazo de entre dieciocho y treinta y seis meses y darle a cada ahorrista un peso con cuarenta centavos por dólar, más el CER. La reprogramación de los depósitos, instrumento imprescindible frente a la crisis financiera, fue un intento de eliminar la anarquía del corralito y evitar que salieran del sistema importes muy significativos.

La actitud de la Corte con los amparos fue generando filtraciones, que dificultó la recuperación porque se rompió la cadena de préstamos, tanto para familias como para empresas.   El éxito fiscal y el esfuerzo monetario   La elección de un sistema de cambio no puede ser el único elemento de un programa económico. Para que la flotación no se transforme en una aventura sin destino, es necesario que las políticas fiscal y monetaria sean consistentes con el objetivo de estabilizar la economía. La política fiscal diseñada fue exitosa y dio sus frutos.

El presupuesto que rápidamente se preparó limitaba fuertemente cualquier expansión del gasto y proyectaba un desequilibrio compatible con las acotadas posibilidades de financiamiento previsibles. Los deprimidos ingresos fueron reforzados, transitoriamente, mediante derechos de exportación.

El esquema de ingresos y gastos ha mostrado ser adecuado a las circunstancias porque revirtió la tendencia anterior explosiva: bajó el déficit operativo y aumentó el superávit primario. En materia monetaria los logros fueron menores que en el plano fiscal. Para cerrar de manera creíble un programa monetario se requería resolver el problema del corralito, a fin de dimensionar la liquidez que debería administrarse en la economía. La salida de depósitos provocada por las decisiones judiciales introdujo un factor de incertidumbre imposible de manejar en el contexto restrictivo existente. A pesar de ello, durante todo el período se mantuvo una política de control sobre la liquidez, aun cuando el Banco Central no pudo ajustarse a las pautas originalmente definidas.  

La distribución de los costos de la crisis   Uno de los principales objetivos consistió en distribuir lo más equilibradamente posible el costo de la crisis. Con este fin se aumentó el gasto social para atender la emergencia de los desocupados, se procuró evitar la quiebra de los deudores locales, se evitó que los ahorristas vieran desvanecidos sus depósitos y que las tarifas resultasen impagables –desdolarizándolas–.

Se aplicaron retenciones a los exportadores que obtuvieron ingresos extraordinarios para financiar los planes sociales y estabilizar los precios internos, se previeron las compensaciones por la pesificación asimétrica y se pesificó la deuda pública interna en poder de los bancos y AFJP. No hubo ninguna grave crisis en el mundo en que no se hayan soportado costos para resolverla; lo que aquí se hizo fue minimizarlos y distribuir la carga del modo más justo posible.

El Estado redujo su deuda, aunque dos cuestiones desequilibrantes quedaron en lo inmediato pendientes: la caída del salario real y la ganancia de los que habían fugado capitales.   Reinserción internacional   Para lograr la adecuada reinserción del país en el escenario internacional, consideramos dos andariveles: el comercial, donde la Argentina lleva una política multipolar de acuerdos de libre comercio con todas las regiones y de búsqueda de la reducción de barreras a sus exportaciones; y el financiero, que implica reconstruir las relaciones con los acreedores externos públicos y ayudar al sector privado a hacer lo propio.

Uno de los temas, en esa dirección, ha sido el acuerdo con el FMI. Lamentablemente el debate de toda esta problemática ha quedado limitado a la discusión sobre la pertinencia de lograr un acuerdo con el FMI. Las conversaciones con el FMI se iniciaron en enero de 2002, a sabiendas del endurecimiento de su posición para con los países emergentes, a pesar de su responsabilidad por haber convalidado todas las inconsistencias macro de nuestro país en los años precedentes.

En esa oportunidad se señalaron, con precisión y realismo, los límites de la negociación posible: nada habría de firmarse si no se contaba con seguridades de cumplimiento y de utilidad para la reactivación. La discusión se centró sobre las reformas de corto plazo destinadas a superar los obstáculos a la reactivación.

En una segunda instancia se discutirían los cambios que habrían de impactar en el largo plazo. Se explicó que era fundamental contar con la mayor aceptabilidad política y social, el apoyo del Congreso y de las provincias. Así, se eliminaron de la negociación los temas que han figurado en la agenda del FMI a lo largo de los últimos años y en los que no se verificaban avances. El FMI fue intransigente con tres precondiciones, algo por cierto desusado en otras oportunidades: derogación de la modificación a la Ley de Concursos dispuesta en febrero de 2002, derogación de la Ley de Subversión Económica, y cumplimiento efectivo del Pacto Federal. Inicialmente esos requerimientos no fueron aceptados por el Congreso, aunque tiempo después prestó su acuerdo.

La negociación se demoró excesivamente, más por actitudes del FMI que del gobierno. Mientras tanto, en todo el año 2002, la Argentina pagó cuatro mil doscientos millones de dólares netos a los organismos multilaterales; lo que ratifica la actitud pro cíclica del FMI que dificulta la salida de crisis profundas.   Nuestra idea sobre el futuro y las fuentes del crecimiento  

El Plan de Emergencia asumía que la reactivación era consecuencia de varios factores: cambios en los precios relativos, consistencia fiscal y monetaria, acuerdo con el FMI y reordenamiento del sistema financiero. El ordenamiento macroeconómico procuraba crear las condiciones de funcionamiento de un país normal, con capacidad de adaptación a las oscilaciones de la economía mundial y con posibilidades de brindar estímulos para tener un aparato productivo dinámico, diversificado y competitivo. Sus primeras manifestaciones habrían de provenir de las exportaciones, luego del consumo –como consecuencia de la ampliación del mercado interno para la producción nacional por la caída de las importaciones– y, finalmente, de la inversión.

Todo ello daría lugar al inicio de un nuevo ciclo de negocios más orientado hacia el mercado externo. Pero a mediano y largo plazo, para aprovechar íntegramente las potencialidades del país, se requiere la definición de un rumbo estratégico y la puesta en marcha de políticas sustentadas en una eficiente coordinación entre el sector público y el sector privado.

El fortalecimiento del mercado interno, las mayores posibilidades exportadoras, la capacitación laboral, la innovación tecnológica y el sostenimiento de los equilibrios macroeconómicos, con instituciones y reglas estables, conforman elementos esenciales para la creación de un ambiente propicio para la atracción de inversiones e incrementos sostenidos de la productividad.

Al tiempo de elaborar el Plan de Emergencia se tuvo plena conciencia de la necesidad de introducir reformas estructurales, sin las cuales no era previsible encarar una exitosa estrategia de desarrollo. Los primeros meses del año 2002 constituyeron una primera etapa, necesaria, particularmente tensa y compleja, en la que se establecieron las bases para hacer funcionar a nuestro país bajo los principios de una economía normal. Lo que ocurrió en los meses siguientes se vincula estrechamente con las decisiones de aquellos días.

El Programa de Emergencia tuvo su lógica y coherencia interna. Por eso, a pesar de la prédica de algunos sectores y analistas interesados, no sobrevino la hiperinflación, se puso freno a la caída del PBI, se siguieron una política fiscal y monetaria prudentes y se modificaron los precios relativos a favor de la producción y la reactivación.

Sin esas medidas era imposible pensar en el inicio de un proceso de recuperación y normalización. Podrá decirse que se debió haber avanzado más rápido, pero las condiciones políticas, las presiones de los factores de poder y del FMI dificultaron actuar con más rapidez y precisión. Queda, sin embargo, una agenda importante de reconstrucción de la economía argentina y –más aún– de la Argentina como Nación hacia el futuro.

Resolver la forma en que se pagará la deuda externa o la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas son puntos importantes, pero sólo parciales de esa agenda. Necesitamos construir un proyecto de país hacia adelante, que incorpore una definida estrategia productiva y una idea sólida acerca de nuestra inserción internacional, a partir de una base confiable de cooperación entre el Estado y el sector privado.

El espacio generado por la reciente renovación de autoridades nacionales abre un gran horizonte de posibilidades; está básicamente en nosotros saber aprovecharlo

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