Octubre 28. 2001

LA CIA CON LICENCIA PARA MATAR

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), puede asesinar terroristas en cualquier lugar del mundo donde los encuentre y sin necesidad de recibir una orden expresa del gobierno de Estados Unidos. La nueva facultad de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo es el resultado de dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Bill Clinton en 1998, y por su sucesor George W. Bush luego de los atentados del pasado 11 de septiembre.

El hecho es que la CIA tiene por escrito dos órdenes de la Casa Blanca para destruir la red terrorista global Al Qaeda, y en eso se incluyen potestades tan amplias que podrían incluir la eliminación de los jefes terroristas que por diversas razones puedan ser calificados como "enemigos potenciales" de los Estados Unidos y de sus ciudadanos. En la orden ejecutiva que firmó el presidente Bush se señala con clara que la prohibición de asesinar líderes extranjeros que está definida por una ley del Congreso, no incluye a los jefes terroristas siempre y cuando las acciones que lleven a ese desenlace no signifiquen un involucramiento directo de oficiales del gobierno de los Estados Unidos en la ejecución directa del asesinato respectivo.

Por ahora la CIA, a través de sus directivos, no se ha mostrado muy convencida de usar estas nuevas capacidades para asesinar a los jefes terroristas allí donde se los encuentre. Los jefes de la agencia recuerdan aún con precisión todos los daños políticos que debió sufrir la CIA luego de que durante los sesenta y los setenta hiciera usa de esa misma capacidad para operar sobre todo en América Latina y Asia. Pero la CIA también está dispuesta a participar plenamente de la campaña global contra el terrorismo: sus combatientes secretos están trabajando en terreno afgano tratando de encontrar a Bin Laden y a los miembros de su estado mayor y, de hecho, cuenta en el área de combate con expertos con la capacidad de eliminar a los elementos indeseables cuando sea necesario.

La orden firmada por el presidente Clinton autorizaba el uso de fuerza letal contra Al Qaeda y sus jefes desde 1998. Ahora se sabe que el presidente Bush ha firmado nuevas directivas que ordenan ataques letales en las comunicaciones, el aparato de seguridad y la infraestructura de la red terrorista, luego incluye la "disrupción" de las tareas de los operadores del terrorismo en cualquiera de sus fases. Las directivas del presidente Bush amplían considerablemente los blancos de los potenciales ataques de la CIA más allá de Bin Laden y de su círculo más íntimo de colaboradores, y también abre claramente la posibilidad de que se apliquen esos métodos más allá de los límites de Afganistán y del teatro de guerra convencional en donde se desarrollan ahora las acciones.

Las directivas implican también dejar atrás la prohibición que rigió durante los últimos 25 años que impedía la planificación de operaciones específicas de eliminación de determinados personajes relevantes de la escena política. El presidente Bush y su selecto gabinete de Seguridad Nacional han sido muy claros en su intención de capturar y eliminar a Bin Laden y a los responsables directos o indirectos de los ataques terroristas del 11 de Septiembre. La cara pública de la presente campaña contra el terrorismo internacional es la guerra convencional que, de diversas maneras, se viene desarrollando en Afganistán, usando tácticas habituales y tropas uniformadas.

La cara decisiva de la guerra es, sin embargo, la llamada "guerra de inteligencia" -cuyos alcances y perfiles aún permanecen difusos para los especialistas-donde precisamente el trabajo de la CIA parece imprescindible. Todavía al interior de la CIA y tal vez en los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos, se ha abierto un poderoso debate acerca de la posibilidad de incluir a los asesinatos como parte de las "guerras de inteligencia" y de la campaña global en curso. El debate no apunta solamente a las cuestiones éticas sino también a las consecuencias políticas y operativas que podrían tener ese tipo de acciones en un marco político regional tan volátil como es el Asia Central.

También se debate cuales son los criterios de precisión acerca de la definición de los blancos. Por ejemplo nadie puede responder aún si las operaciones encubiertas que pueden incluir asesinatos deben reducirse al círculo más íntimo de Bin Laden o si, por el contrario los golpes de la "guerra de inteligencia" deben llegar a los 40 o 50 enclaves que, alrededor del mundo, están alojando ahora a elementos que forman parte de diversas redes terroristas. La posibilidad de que la CIA haga uso indiscriminado de sus nuevas capacidades espanta a los máximos funcionarios del Departamento de Estado que ven con claridad hasta que punto esas acciones pueden desestabilizar la situación en diversas regiones críticas del planeta.

El Directorio de Operaciones de la CIA es el organismo que tiene bajo su responsabilidad la coordinación, el comando y el control de las operaciones encubiertas. Un vocero de esa directorio aceptó la semana pasada antela prensa que las nuevas capacidades están siendo analizadas, pero recordó que en tiempos de a globalización informativa puede resultar mucho más difícil -por no decir imposible-mantener encubiertas operaciones que impliquen la eliminación directa de determinados jefes extremistas. Por eso es que nadie piensa en la CIA en un uso indiscriminado de esta nueva capacidad.

El hecho es que las fuerzas especiales de la agencia están orientadas absolutamente a buscar a Bin Laden y a sus colaboradores más inmediatos, La tarea es mucho más dura de lo que puede pensarse porque las fuentes locales generalmente son erráticas y de muy difícil verificación.

Como sea, la capacidad de la CIA y de la inteligencia de los Estados Unidos para propiciar acciones directas contra los jefes terroristas es la contra cara internacional de la nueva legislación doméstica contra el terrorismo que acaba de aprobar el Congreso y que, en general, apunta a aumentar el poder de los organismos de seguridad e inteligencia hasta un nivel que hasta hace poco podría haber sido considerado incompatible con el respeto de las libertades individuales.

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