Septiembre 8. 2001

MÉXICO GANA LA DELANTERA EN LA DISCUSIÓN POR LA SEGURIDAD REGIONAL

El presidente Vicente Fox parece decidido a no dejar de sorprender en el juego de la política global: ayer, en su discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el segundo día de su visita a Washington, propuso el final del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un viejo acuerdo de defensa y seguridad regional firmado a fines de los años cuarenta cuando comenzaba la Guerra Fría.

La propuesta de Fox no es novedosa. De hecho, en la última Cumbre de las Américas que se reunió en Québec, los presidentes y jefes de Estado del hemisferio habían decidido comenzar a discutir un nuevo tipo de acuerdo regional de defensa y seguridad en 2004. El adelantamiento de Fox, además de darle la iniciativa regional en esa tarea al país azteca -tal vez porque de ese modo liga a su gobierno a políticas globales ajenas a la agenda tradicional de la política exterior mexicana- llevará al continente americano a discutir un nuevo concepto acerca de la seguridad y la defensa al mismo tiempo en que los países-miembro del hemisferio estén discutiendo las condiciones de su integración económica y comercial.

De un modo inevitable, la iniciativa mexicana obligará a profundizar en temas altamente sensibles los criterios de asociación y de compromiso regional y acelerar decisiones políticas y militares que tendrán una necesaria repercusión doméstica en cada una de las naciones del continente.

Nadie que siga más o menos de cerca la política continental podrá ignorar que en los últimos años la discusión acerca del papel de las fuerzas armadas en regímenes democráticos, y en una situación regional donde las hipótesis de conflicto se van desarmando de una manera acelerada, se ha transformado en un problema político serio para países que en las pasadas décadas tuvieron a esas mismas fuerzas armadas como actores políticos relevantes.

La crisis de seguridad pública que martiriza a millones de ciudadanos de América Latina cada día, ha llevado a no pocos políticos a preguntarse si tal vez no haya llegado la hora de militarizar la seguridad pública para, de esa manera, darle un papel a las fuerzas armadas al mismo tiempo que se ahorra dinero de los siempre carecientes presupuestos nacionales. Algunos teóricos de la seguridad con base en Estados Unidos, tal vez añorando los buenos viejos tiempos de la Guerra Fría, cuando el enemigo estratégico era claro y estaba a la vista, parecen haber retomado el camino de identificar a las llamadas nuevas amenazas con los enemigos de los cuales habría que defender a Estados Unidos y a sus aliados.

El narcotráfico es el epítome de esos nuevos diablos globales y un análisis integral de ese fenómeno parece allegar argumentos a la idea de que las democracias de América Latina reciben de esa actividad una de las presiones más negativas para su legitimidad social. La cuestión central reside claramente en definir cuáles son los actores nacionales o transnacionales con capacidad para amenazar la seguridad de los posibles signatarios del nuevo tratado que propone Fox.

El sentido de un acuerdo de solidaridad militar se basa precisamente en la identificación de esos enemigos comunes para definir las condiciones de las potenciales acciones aliadas en orden a desactivar esas amenazas. Ese es el paso que aún no han dado las democracias de América Latina, seguramente temerosas de crear escenarios donde potenciar el poder de las fuerzas armadas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos -a través de su participación en la lucha cotidiana contra las expresiones locales de esas nuevas amenazas- terminen dañando seriamente la autoridad política de los líderes democráticos sobre los militares.

El concepto de nuevas amenazas se ha trasladado en los últimos años a cuestiones tan diversas como la defensa del medio ambiente, la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes, el lavado de dinero, la guerra informática o la defensa de las respectivas sociedades de los ataques -premeditados o no- de nuevos virus y bacterias con la capacidad potencial de atacar la salud de la población. Está claro que las fuerzas armadas de América Latina están muy lejos de la posibilidad de acceder en plazos razonables a un nivel de operatividad medianamente efectivo para enfrentar este nuevo tipo de agresiones.

Eso sin mencionar específicamente la lucha contra el tráfico de drogas que, de acuerdo a la opinión de la mayoría de los jefes militares de la región, ofrece un potencial de corrupción ciertamente irresistible en un contexto donde los gastos de los Estados nacionales están colapsando desde años en medio de políticas de ajuste cada vez más recesivas. La clave reside claramente en crear un nuevo punto de vista para la seguridad regional capaz de contener los nuevos problemas que enfrenta la región y de potenciar a la vez la capacidad de los estados nacionales para generar las herramientas eficaces en su contención. El Pentágono ha sido hasta aquí la principal fuente de doctrinas y de ideas acerca de esa reconversión estratégica que parece estar demandando Fox para la región.

En Washington son los líderes del Partido Demócrata más comprometidos con América Latina quienes insisten en que esas ideas del Pentágono solamente llevan a crear las condiciones para una intervención militar multilateral en Colombia después del 2005. Desde la otra vereda, los núcleos de poder de la derecha republicana más cercanos a un liberalismo económico extremo además de proponer la legalización del consumo de los narcóticos, se preguntan por lo bajo que es lo que tienen por ganar los Estados Unidos en América Latina cuando el mercado chino está a punto de abrirse a los negocios americanos.

El hecho es que el debate que propone Fox va a llevar a todos los actores políticos y militares involucrados en América Latina a poner sobre la mesa de discusiones una serie de cuestiones que por su mismo volumen van a definir desde ahora la naturaleza de la integración continental que las Cumbres de las Américas prometen para el 2005.

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