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Julio 9. 2001

Las FARC marcan los tiempos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el viernes pasado conmovieron el frágil escenario político de su país anunciando a la vez el fin de su política de devolución de prisioneros y proponiendo la creación de un "gobierno de salvación nacional" para suceder a Andrés Pastrana en el mando de la república. Ambas iniciativas generaron nuevas polémicas entre los políticos colombianos que ya parecen acostumbrados a bailar al compás del ritmo impuesto por las propuestas políticas de los insurgentes.

Cuando Raúl Reyes anunció el final de la política de las FARC de canjear prisioneros no hizo otra cosa que mostrar una vez más que, la principal fuerza militar irregular de Colombia, toma ese tipo de decisiones sin atender nada más que a las prioridades de su propia estrategia.

Eso implica, ante todo aceptar y mostrar a todos los actores de la crisis colombiana que ninguna presión puede imponer decisiones al Comando Supremo de las FARC, sobre todo si se trata de mostrar el poder autónomo para resolver cuestiones que tienen temblando a millones de colombianos desde hace años.

En su comunicado oficial anunciando el fin de la política de liberación de los centenares de militares y policías que aún siguen en su poder, las FARC afirman que "seguir exigiendo a las FARC haga gestos de paz unilaterales, sin que el Estado nacional haga lo propio, no se corresponde con la realidad de la confrontación colombiana".

Las FARC siguen reclamando que el Congreso apruebe una "ley del canje" para garantizar la libertad de centenares de guerrilleros que continúan detenidos. Hasta ahora, el gobierno no ha logrado consenso en el Congreso para avanzar en ese camino.

El mensaje del Consejo Supremo es claro para todos los combatientes: los prisioneros son liberados cuando las FARC lo deciden. No cuando el gobierno lo reclama.

Esas son las condiciones en que se desarrollan la crisis y el conflicto y los comandantes guerrilleros no parecen dispuestos a admitir otras reglas para el juego que no sean las que ellos mismos imponen. A fines de junio, las FARC liberaron a 305 militares y policías que permanecían en su poder en "campos de reeducación" ubicados en el corazón de la selva colombiana.

También a principios de junio, las FARC liberaron a 59 policías y soldados prisioneros en el marco de un acuerdo humanitario firmado con el gobierno de Andrés Pastrana y cuando algunas entidades defensoras de los derechos humanos habían pedido la libertad de ese tipo de prisioneros.

Pero para las FARC todo se trata de política y todos los gestos están referidos a su lucha por el poder el poder.

Tal vez por eso mismo Raúl Reyes, el comandante de las FARC que opera como portavoz del Comando Supremo de las guerrillas, propuso a fines de la semana la creación de un "gobierno de unidad nacional" para suceder a Andrés Pastrana en el manejo del gobierno, cuando el actual presidente termine su mandato.

La novedad más impactante de la propuesta de Raúl Reyes es que las FARC están dispuestas a ser parte de esa nueva administración siempre y cuando exista antes un acuerdo político "amplio y sincero acerca del programa" que debería desarrollar ese gobierno de salvación nacional.

El comisionado presidencial para la paz en Colombia, Camilo Gómez, celebró la propuesta de las guerrillas de las FARC de integrar ese gobierno de reconciliación nacional y conjeturó que esa declaración de Reyes "muestra que los insurgentes rebeldes contemplan la posibilidad de dejar las armas".

En rigor, Reyes nunca mencionó esa posibilidad, pero ya nadie duda que el gobierno de Andrés Pastrana busca cualquier indicio de progreso en las negociaciones de paz para mostrarlo como un éxito político porque a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2002, se acaba su propio tiempo para mostrar a los colombianos que su político de paz a cualquier precio está dando sus frutos.

Dijo el Comisionado Gómez que "sin duda el anuncio de Reyes es un anuncio muy importante porque por primera vez las FARC están dando a entender su voluntad de dejar las armas, y avanzar hacia un alto el fuego fijando las prioridades más allá de la lucha armada".

Por su parte Reyes afirmó a la prensa que "lo que queremos los rebeldes es gobernar; la lucha de las FARC es para ser gobierno, por hacer un nuevo estado que garantice los derechos de la gente" sin avanzar en más detalles acerca de cómo sería ese hipotético gobierno de unidad nacional.

Las declaraciones de Reyes, las respuestas de Gómez y el manejo de la situación de los prisioneros son nada más que muestras claras de que las verdaderas negociaciones de paz para Colombia no se desarrollan en las tediosas rondas oficiales de conversaciones. En rigor, esas negociaciones oficiales siguen formalmente estancadas mientras que los comandantes de las FARC y los negociadores del gobierno se han lanzado en las últimas semanas a verdaderas batallas mediáticas para intentar convencer al público de que cada bando lleva la delantera en la búsqueda del fin de la guerra.

Mientras tanto los operativos bélicos siguen a la orden del día, sin que el balance estratégico siga mostrando ventajas para ninguno de los bandos en conflicto. El hecho evidente es que el comienzo de la cooperación prevista en el llamado Plan Colombia, aún no ha logrado un vuelco estratégico en la situación, de acuerdo a las previsiones de las fuerzas armadas colombianas.

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