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Julio
9. 2001

Las FARC marcan los tiempos.
Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el viernes pasado conmovieron
el frágil escenario político de su país anunciando a la vez el fin
de su política de devolución de prisioneros y proponiendo la creación
de un "gobierno de salvación nacional" para suceder a Andrés Pastrana
en el mando de la república. Ambas iniciativas generaron nuevas
polémicas entre los políticos colombianos que ya parecen acostumbrados
a bailar al compás del ritmo impuesto por las propuestas políticas
de los insurgentes.
Cuando Raúl Reyes anunció el final de la política de las FARC de
canjear prisioneros no hizo otra cosa que mostrar una vez más que,
la principal fuerza militar irregular de Colombia, toma ese tipo
de decisiones sin atender nada más que a las prioridades de su propia
estrategia.
Eso implica, ante todo aceptar y mostrar a todos los actores de
la crisis colombiana que ninguna presión puede imponer decisiones
al Comando Supremo de las FARC, sobre todo si se trata de mostrar
el poder autónomo para resolver cuestiones que tienen temblando
a millones de colombianos desde hace años.
En su comunicado oficial anunciando el fin de la política de liberación
de los centenares de militares y policías que aún siguen en su poder,
las FARC afirman que "seguir exigiendo a las FARC haga gestos de
paz unilaterales, sin que el Estado nacional haga lo propio, no
se corresponde con la realidad de la confrontación colombiana".
Las FARC siguen reclamando que el Congreso apruebe una "ley del
canje" para garantizar la libertad de centenares de guerrilleros
que continúan detenidos. Hasta ahora, el gobierno no ha logrado
consenso en el Congreso para avanzar en ese camino.
El mensaje del Consejo Supremo es claro para todos los combatientes:
los prisioneros son liberados cuando las FARC lo deciden. No cuando
el gobierno lo reclama.
Esas son las condiciones en que se desarrollan la crisis y el conflicto
y los comandantes guerrilleros no parecen dispuestos a admitir otras
reglas para el juego que no sean las que ellos mismos imponen. A
fines de junio, las FARC liberaron a 305 militares y policías que
permanecían en su poder en "campos de reeducación" ubicados en el
corazón de la selva colombiana.
También a principios de junio, las FARC liberaron a 59 policías
y soldados prisioneros en el marco de un acuerdo humanitario firmado
con el gobierno de Andrés Pastrana y cuando algunas entidades defensoras
de los derechos humanos habían pedido la libertad de ese tipo de
prisioneros.
Pero para las FARC todo se trata de política y todos los gestos
están referidos a su lucha por el poder el poder.
Tal vez por eso mismo Raúl Reyes, el comandante de las FARC que
opera como portavoz del Comando Supremo de las guerrillas, propuso
a fines de la semana la creación de un "gobierno de unidad nacional"
para suceder a Andrés Pastrana en el manejo del gobierno, cuando
el actual presidente termine su mandato.
La novedad más impactante de la propuesta de Raúl Reyes es que las
FARC están dispuestas a ser parte de esa nueva administración siempre
y cuando exista antes un acuerdo político "amplio y sincero acerca
del programa" que debería desarrollar ese gobierno de salvación
nacional.
El comisionado presidencial para la paz en Colombia, Camilo Gómez,
celebró la propuesta de las guerrillas de las FARC de integrar ese
gobierno de reconciliación nacional y conjeturó que esa declaración
de Reyes "muestra que los insurgentes rebeldes contemplan la posibilidad
de dejar las armas".
En rigor, Reyes nunca mencionó esa posibilidad, pero ya nadie duda
que el gobierno de Andrés Pastrana busca cualquier indicio de progreso
en las negociaciones de paz para mostrarlo como un éxito político
porque a medida que se acercan las elecciones presidenciales de
2002, se acaba su propio tiempo para mostrar a los colombianos que
su político de paz a cualquier precio está dando sus frutos.
Dijo el Comisionado Gómez que "sin duda el anuncio de Reyes es un
anuncio muy importante porque por primera vez las FARC están dando
a entender su voluntad de dejar las armas, y avanzar hacia un alto
el fuego fijando las prioridades más allá de la lucha armada".
Por su parte Reyes afirmó a la prensa que "lo que queremos los rebeldes
es gobernar; la lucha de las FARC es para ser gobierno, por hacer
un nuevo estado que garantice los derechos de la gente" sin avanzar
en más detalles acerca de cómo sería ese hipotético gobierno de
unidad nacional.
Las declaraciones de Reyes, las respuestas de Gómez y el manejo
de la situación de los prisioneros son nada más que muestras claras
de que las verdaderas negociaciones de paz para Colombia no se desarrollan
en las tediosas rondas oficiales de conversaciones. En rigor, esas
negociaciones oficiales siguen formalmente estancadas mientras que
los comandantes de las FARC y los negociadores del gobierno se han
lanzado en las últimas semanas a verdaderas batallas mediáticas
para intentar convencer al público de que cada bando lleva la delantera
en la búsqueda del fin de la guerra.
Mientras tanto los operativos bélicos siguen a la orden del día,
sin que el balance estratégico siga mostrando ventajas para ninguno
de los bandos en conflicto. El hecho evidente es que el comienzo
de la cooperación prevista en el llamado Plan Colombia, aún no ha
logrado un vuelco estratégico en la situación, de acuerdo a las
previsiones de las fuerzas armadas colombianas.
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