Abril 29.2001

Primera prueba para la política anti drogas del gobierno de George W. Bush

El derribo de un pequeño avión en plena selva peruana y la muerte de los seis ciudadanos de los Estados Unidos que lo ocupaban ha puesto en entredicho uno de los pilares de la política anti drogas de ese país: el abatimiento de las naves pequeñas y particulares que pueden ser sospechosos de transportar cocaína o pasta base de cocaína hacia los depósitos de los grandes traficantes colombianos.

La muerte de esos seis ciudadanos americanos --miembros de una misión religiosa-- impactó fuertemente en la opinión pública de los Estados Unidos, sobre todo por las protestas que iniciaron diversos organismos religiosos y de socorro de la sociedad civil.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue la primera acusada como "responsable necesario" de la muerte de esos seis ciudadanos americanos, por sus programas de cooperación con la fuerza aérea peruana para producir los derribos de las aero naves sospechosas.

Esos programas de cooperación implican apoyo tecnológico para el proceso de comando y control de las operaciones de derribo. El proceso de comando y control implica tres fases necesarias: a) la evidencia tecnológica-- lograda a través de registros satelitales básicamente-- de que una nave de pequeño porte está volando por la zona donde se sabe que existen actividades específicas de cultivo de coca y de generación de pasta base, b) la identificación de la nave sospechosa como un posible blanco a eliminar, que se produce cuando el avión no se identifica claramente y no justifica su paso por la zona crítica y c) la puesta en marcha del operativo militar de intercepción y eliminación del blanco específico.

La CIA buscó desligarse de la responsabilidad del incidente señalando que su responsabilidad reside solamente en la facilitación de la inteligencia de señales y la inteligencia de satélites, y que la decisión de producir el derribo siempre corresponde a las autoridades peruanas.

Sin embargo las explicaciones no fueron tan convicentes como para atenuar y disolver la preocupación del Congreso de los Estados Unidos. Representantes y senadores republicanos y demócratas alientan una investigación parlamentaria específica para decidir si los programas de intercepción de aero naves sospechosas que se desarrollan en algunos de los países críticos de la región andina están suficientemente justificados, en términos de uso de los fondos del Tesoro de los Estados Unidos, y suficientemente controlados para evitar que se repitan tragedias como la que se llevó la vida de los misioneros cristianos.

El debate desatado en Washington apunta necesariamente a reclamar de la Casa Blanca decisiones más contundentes acerca de su propia estrategia en la lucha contra el tráfico de drogas.

Sucede que el sucesor del General Barry Mac Caffrey como zar antidrogas del gobierno de los Estados Unidos aún no ha sido designado oficialmente, y ese es un dato que los expertos identifican como la verdadera razón de la falta de conducción que se verifica en un problema tan serio y delicado.

Por ahora solamente se sabe que el Presidente Bush quiere que ese cargo lo ocupe, un abogado de su extrema confianza, mucho más preocupado por las operaciones militares contra el narcotráfico que por lograr que desciendan fuertemente los índices de demandas de drogas en las grandes ciudades de los países más desarrollados.

La visión de los sectores más conservadores de los Estados Unidos -- el más fuerte apoyo social y político a la Administración Bush-- oscila entre dos posiciones: por un lado existen quienes consideran la cuestión del consumo de drogas como un problema individual y por eso piden la libertad plena de consumo y la despenalización del negocio, y en el otro extremo existen quienes propician la asunción definitiva de la guerra contra la droga como la primera "guerra santa del nuevo siglo americano".

Ese dato parece a primera vista contradictorio con la idea de moderar y corregir los errores del sistema de derribos de aviones que en el pasado año ha sido asumido por el gobierno de los Estados Unidos como uno de los elementos decisivos en los éxitos que se lograron en la última década en la siempre compleja lucha anti drogas en América Latina.

El Presidente Bush ha dicho en la Cumbre de las Américas de Quebec que está de acuerdo en propiciar una "responsabilidad compartida" entre los países productores de droga y los países consumidores "para enfrentar con éxito el flagelo hemisférico del narcotráfico".

Sin embargo, no faltan en Washington los encumbrados funcionarios de la Casa Blanca que aseguran que esas palabras deben ser interpretadas como "un gesto de acercamiento" del Presidente Bush hacia los líderes latinos del continente, pero de ninguna manera la base de la política anti narcóticos del nuevo gobierno.

El hecho es que la tragedia del avión de los misioneros americanos llevará a la Administración Bush a enfrentar, más temprano que tarde, las definiciones de la estrategia anti drogas que, en las pasadas décadas, ha sido uno de los puntos centrales en la agenda hemisférica.

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