Diciembre 2.2000

El plan Colombia no termina de ponerse en marcha

El Plan Colombia, el programa de ayuda de 1.500 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos aprobó hace unos meses para enfrentar la alianza del narcotráfico y la guerrilla que maneja más de la mitad de ese país, no logra ponerse en marcha a pesar de la presión que intentan desde hace dos semanas algunos de los funcionarios más importantes de Washington.

Más allá de los anuncios oficiales, la realidad muestra que las FARC han puesto en marcha dos medidas de acción que han logrado paralizar la puesta en marcha del Plan Colombia.
Por un lado las FARC han comenzado un "paro armado" en la zona del Putumayo --el centro estratégico donde debía ponerse en marcha la ayuda definida en el Plan Colombia en términos de ataque al narcotráfico-- lo cual ha desatado una ofensiva de violencia contra combatientes y no combatiente por parte de los grupos para militares. El resultado de esa situación es la efectiva paralización de la zona, y la sensación de miedo y de fracaso ante el Plan Colombia que viene ganando a los pobladores de la zona.

Por otra parte las FARC han congelado las negociaciones de paz con el gobierno reclamando que no comience a aplicarse el Plan Colombia como condición para seguir hablando de un cese del fuego. Mientras tanto los comandantes guerrilleros insisten en mostrar el control que tienen sobre el casi millar de prisioneros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad que mantienen alojados en verdaderos campos de concentración.

La combinación de ambas circunstancias ha llevado al gobierno de Andrés Pastrana a dudar y a no avanzar en la puesta en marcha de las primeras decisiones incluidas en el Plan Colombia que comenzaba precisamente por la erradicación de cultivos de coca y el cambio de esos cultivos por otros, no tan rentables por cierto.

De todos modos, el gobierno de Bogotá deberá tomar en la semana que comienza una decisión estratégica con respecto al proceso de paz porque el próximo 7 de diciembre vence el plazo establecido por el decreto presidencial que le otorgó a las FARC el control de la zona de 42,000 kilómetros cuadrados que hoy administra la fuerza guerrillera.

Nadie cree en Colombia que el gobierno de Andrés Pastrana vaya a ordenar el fin de esa situación, pero el hecho es que la resolución de la prorroga también se transformará en un dato relevante en la compleja negociación en marcha.

La semana pasada estuvo en Bogotá Thomas Pickering, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, y luego de reunirse con autoridades del gobierno aceptó en ronda de prensa que la huelga armada desatada por las FARC en el Putumayo estaba dificultando seriamente la puesta en marcha del Plan Colombia.

El representante de Washington aseguró que la demora se va a solucionar en las próximas semanas y que muchos campesinos ya han mostrado su interés en sumarse a los planes de sustitución de cultivos.

No es esa la opinión que registran los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos que han registrado numerosos testimonios de pobladores de la zona que expresan la preocupación por los efectos económicos de la tensión que domina la vida diaria en el valle del Putumayo.

Los máximos representantes del gobierno colombiano están tratando de averiguar entre los hombres y mujeres que podrían manejar la política latinoamericana del próximo presidente de los Estados Unidos, si pueden contar con cierta "flexibilidad" a la hora de poner en marcha definitivamente el plan de ayuda.

La duda que atormenta a Bogotá es hasta donde van a poder manejar la presión de Washington si es que en algún momento las negociaciones de paz puedan imponer cierta "moderación" en la aplicación de las pautas del Plan Colombia.

Las respuestas que han recogido han sido desalentadoras sobre todo porque en Washington es notable como las fuerzas armadas colombianas por un lado y las fuerzas policiales por el otro --todavía lideradas por el general Rosso Serrano a pesar de su pase a retiro-- despliegan su propia diplomacia para asegurarse ser los destinatarios de la ayuda y los mejores aliados de los Estados Unidos en la zona conflictiva.

Esta situación de indefinición inevitablemente va a revertirse con la asunción del nuevo gobierno de los Estados Unidos, sobre todo por el consenso que existe entre los especialistas de política global de ambos partidos acerca de la necesidad de poner en juego en Colombia la capacidad de la primera potencia de la tierra para certificar su hegemonía en la región que siempre fue considerada su "patio trasero".

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