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Noviembre
23.2000

Perú sin Fujimori
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El principal
capital político que Alberto Fujimori supo acreditar luego
de las polémicas elecciones presidenciales peruanas fue su
determinación para presentarse ante la Casa Blanca como el
garante de una "transición razonable" hacia un
gobierno democrático más acorde con las pautas juzgadas
como normales en Occidente.
El ex presidente del Perú intentó avanzar en ese camino
buscando responsabilizar a su ex mano derecha Vladimiro Montesinos
de la venta de armas a las FARC colombianas, y de algunas memorables
operaciones de narcotráfico.
Fracasó porque Montesinos se decidió a usar todo su
poder militar para ponermo en ridículo, pero también
fracasó porque los líderes de las fuerzas políticas
opositoras se decidieron a avanzar en la destitución presidencial
buscando transformarse a sí mismas en la garantía
de la transición pacífica y eficiente que reclama
Washington.
En ese marco Fujimori no tuvo más remedio que renunciar desde
Japón, cuando no tuvo dudas de que su destino político
estaba echado.
La pregunta del millón ha pasado a ser si el nuevo gobierno
es capaz de conducir la marcha hacia las nuevas elecciones, y esas
mismas elecciones en un marco de paz social y de razonables condiciones
de transparencia como para que realmente el nuevo gobierno goce
de una legitimidad social sólida.
El hecho es que las instituciones democráticas y políticas
del Perú son lo suficientemente débiles para que en
la opinión pública de ese país no sea extraño
escuchar opiniones serias y respetables a favor de una intervención
militar en el poder.
Probablemente eso no sucede, pero el peligro más serio que
enfrenta Perú es comenzar a deslizarse por una pendiente
de inestabilidad que lo acerque a la delicada situación ecuatoriana.
Es que la debilidad política del Perú se corresponde
con una seria debilidad de las instituciones económicas y
como consecuencia de ello las posibilidades de crecimiento económico
sostenido se tornan cada día más intangibles.
El desafío que tiene por delante el nuevo gobierno consiste
precisamente en lograr una fortaleza política e institucional
tal que le permita al Perú transformarse en una atractiva
posibilidad de inversiones productivas, en medio de un contexto
económico y financiero regional cada vez más complejo
y peligroso.
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