Septiembre, 28. 2003

LA RETIRADA DE IRAK: EL DESAFIO DECISIVO PARA GEORGE W. BUSH

La última semana de septiembre estuvo signada por la gran diferencia de los titulares de la prensa que supo conseguir el presidente George W. Bush. Primero se registró su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual aparecía haciendo pequeñas concesiones para persuadir a otras naciones para que participen del conflicto de Irak enviando tropas frescas para colaborar con la alianza que lideran Estados Unidos y el Reino Unido. Luego se conoció un adelanto de un informe especial preparado por expertos internacionales convocados por la Agencia Central de Inteligencia que aparentemente registra que no se han encontrado armas de destrucción masiva en Irak, luego de una búsqueda de seis meses de la que participaron 1.500 soldados y especialistas de diversos países.

De acuerdo a ese informe sólo se encontró “evidencia documentada” de los programas de construcción de armas estratégicas del régimen de Saddam Hussein, pero de ninguna manera evidencia física del desarrollo de esos programas. Mientras tanto, todos los días se registran atentados terroristas contra las tropas de la alianza occidental –cada vez más complejos y elaborados- que significan una sangría cotidiana de vidas humanas básicamente de soldados norteamericanos y británicos, al mismo tiempo que se incrementan los atentados contra los iraquíes que colaboran con las fuerzas de ocupación. Los blancos de la resistencia iraquí son también los oficiales civiles de las Naciones Unidas y la infraestructura elemental que puede sostener la economía iraquí y, eventualmente, servir de palanca para la recuperación del país -cuya administración está saliendo demasiado cara al presupuesto de Estados Unidos-.

El hecho es que la estrategia de las guerras preventivas impulsadas por la Casa Blanca significa un esfuerzo adicional muy duro para la economía de Estados Unidos que sigue sin encontrar el camino de su recuperación definitiva, mientras que el presidente Bush ve caer dramáticamente su popularidad en una sociedad que no ha logrado atar la Guerra de Irak con la defensa de la nación contra la amenaza terrorista.

Paul Bremer, el más alto responsable del gobierno de Estados Unidos en Irak, y Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos hace algunas semanas para pedir un aumento de 87 mil millones de dólares en el presupuesto para enfrentar los gastos extras de la campaña militar de ocupación que se sigue desarrollando en Irak y Afganistán. Se trata de una suma similar a la que el gobierno de Estados Unidos está autorizado para gastar en esos dos países durante los próximos dos años. Es probable que el Congreso apruebe finalmente ese pedido de fondos, pero la discusión no va a ser sencilla. Aun los demócratas están preguntándose y preguntándole a los electores cuál podría ser la mejor manera de gastar esos fondos (en escuelas y caminos para las áreas más atrasadas del país).

Los republicanos también tienen sus dudas. Ellos, que usualmente apoyan al presidente Bush de un modo incondicional, están comenzando a discutir la idea de que el gasto del gobierno puede comenzar a estar fuera de control, sobre todo porque está previsto en el presupuesto del país un rojo de 400 mil millones de dólares.

Las mismas dudas y preocupaciones se están expresando a la hora de analizar las consecuencias del compromiso militar de Estados Unidos en la región. En total, las tropas norteamericanas suman ya 150.000 efectivos, a los que hay que sumar la presencia de 20.000 soldados de diversos países (mayormente británicos). Los ataques diarios contra las tropas que están controlando el país, contra la infraestructura económica y contra los “colaboracionistas” –es decir los dirigentes iraquíes que quieren consolidar cuanto antes un régimen político autónomo que posibilite la retirada ordenada de la coalición occidental- no han hecho más que aumentar las preguntas acerca de cómo poner un final claro y concreto a la presente pérdida de vidas y de dinero. Los oficiales del Pentágono con responsabilidades en el terreno, no están reclamando a Washington que mande más tropas, aún cuando Donald Rumsfeld y el presidente Bush anunciaron en el pasado fin de semana que van a mandar 10.000 soldados más, además de convocar a reservistas para las actividades militares domésticas. El subsecretario de Defensa para la Armada, Les Brownlee, quien terminó hace poco una gira por Irak, escribió en su informe que se han producido “enormes progresos” en la tarea de garantizar la seguridad interior en Irak. En ese mismo informe, el funcionario niega que se necesiten más tropas norteamericanas en Irak, pero agrega que el envío de tropas de otros países debería ser “bienvenido” por Estados Unidos.

El discurso del presidente Bush ante la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó varios párrafos pidiendo esa colaboración en el mismo ámbito donde no quiso escuchar los pedidos y los reclamos para que no iniciara la Guerra en Irak. La evaluación de la Inteligencia de Estados Unidos es que si esa gestión del gobierno de Estados Unidos resulta fallida, el Pentágono estaría obligado a convocar rápidamente a centenares de miles de reservistas del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, para establecer un nuevo sistema que permita reemplazar a las fuerzas que ya llevan demasiado tiempo estacionadas en Irak.

El quid de la cuestión tiene dos aspectos fundamentales. Primero, estabilizando Irak a través de una fuerza multinacional especialmente preparada para eso. Segundo, Estados Unidos puede esperar una pequeña ayuda, tal vez en tropas o en dinero, de algunos países interesados en resolver la cuestión de la gobernabilidad en Irak. Francia y algunos otros países, se opusieron a la Guerra; ahora, son reacios a contribuir a sostener el presente esfuerzo bélico de Estados Unidos, por más que aparezca renovado con distintos ingredientes. Para intentar cambiar las mentes de los potenciales aliados, el equipo de Bush ha propuesto a las Naciones Unidas una resolución que autorizaría la creación de una fuerza multinacional para controlar Irak mientras se desarrolla el proceso de normalización institucional del país.

Esta iniciativa puede ganar el apoyo del Consejo de Seguridad, con la abstención francesa. Sin embargo, esa resolución difícilmente va a garantizar todo el dinero y los miles de soldados que Estados Unidos algunas vez imaginó como necesarios para salir del desierto iraquí reduciendo sus pérdidas. El presidente de Paquistán, a quien Estados Unidos pretende convencer de la necesidad de la participación de su país en esa iniciativa, dijo esta semana que las tropas paquistaníes, van a marchar hacia Irak solamente si se dan tres condiciones: que sea un mandato de las Naciones Unidas; que el pueblo de Irak, a través de sus autoridades, invite a Paquistán a cooperar militarmente con ese país; y que otros países musulmanes participen también de esa expedición. El canciller alemán Gerhard Schröder dijo al presidente Bush esta semana que Alemania está dispuesta a ayudar en el entrenamiento de la nueva policía iraquí y a participar en el esfuerzo de la reconstrucción del país. La reunión fue un éxito para la diplomacia de Estados Unidos porque mostró al presidente de Estados Unidos junto a un líder europeo que fue muy crítico con la Guerra de Irak. Pero el tono cordial de la reunión no llegó a aclarar del todo la intensidad del compromiso alemán en la reconstrucción de Irak.

El hecho es que el debate central en las Naciones Unidas acerca del futuro de Irak, se refiere al proceso de normalización política e institucional del país. Francia y otros países reclaman una rápida transferencia del poder a los iraquíes y un claro compromiso de las Naciones Unidas en ese proceso. El hecho evidente es que la situación interna de Irak, con altos niveles cotidianos de violencia política callejera, hace muy difícil la tarea; además, la prudente retirada de algunos funcionarios de las Naciones Unidas muestra las dificultades de un cambio de manos acelerado en el manejo del poder.

Washington está preocupado por asegurar que la retirada, que ya parece decidida, se realice en un marco político acorde con su condición de “vencedor” en el campo de batalla. Por eso que la Casa Blanca y el Departamento de Estado se muestran prudentes a la hora de hablar de la agenda de la normalización institucional de Irak. Está claro que un retorno al poder de Saddam Hussein es la peor de las hipótesis que Washington jamás aceptaría. Pero la verdad es que un proceso democrático demasiado veloz podría terminar instalando en el poder a un gobierno integrista chiita que, por cuestiones religiosas y por su debilidad intrínseca, buscaría inmediatamente el apoyo del régimen fundamentalista de Irán. El jueves de la semana que termina Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en el New York Times que los iraquíes deberían tomarse al menos seis meses desde que aprueben su nueva constitución, para elegir democráticamente sus autoridades. Es la primera vez que un alto funcionario norteamericano habla de un plazo para terminar la ocupación en Irak.

La decisión de hablar de un plazo para abandonar Irak está íntimamente ligada a las necesidades electorales del presidente Bush, quien necesita entrar al año electoral habiendo enterrado el mal recuerdo de una guerra que está costando a los ciudadanos norteamericanos muchas más vidas y dinero del imaginado.

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