Julio, 17. 2002

LA POLÉMICA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS

La debilidad más grande del Plan de Seguridad Interior que el presidente Bush presentó al Congreso -de acuerdo a la opinión casi unánime de los legisladores, los especialistas en seguridad y los funcionarios que conocieron la iniciativa a comienzos de esta semana- es la carencia de referencias específicas acerca de quién pagará el enorme costo que implicaría su puesta en marcha. Muchos de los consultados por los medios de comunicación de Estados Unidos reconocen que el presidente Bush y el secretario de Seguridad Interior Tom Ridge han sido los primeros en animarse a liderar la tarea de escribir el primer plan integral contra las llamadas nuevas amenazas es capaz de enumerar por primera vez las más serias vulnerabilidades de un sistema de defensa que hasta hace poco se definía a sí mismo como "la maquinaria de guerra más perfecta de la historia de la Humanidad". Sin embargo, una serie de preguntas decisivas acerca de cómo hará la Nación para mejorar dramáticamente su sistema de inteligencia y seguridad, al mismo tiempo que el gobierno federal enfrenta un déficit tan creciente como inesperado y la mayoría de las grandes ciudades enfrentan la bancarrota en algunos casos y en otras las crisis de presupuesto más acuciantes. El Plan de la Casa Blanca se desarrolla a lo largo de ochenta y ocho páginas donde se detallan esas vulnerabilidades y se definen con claridad "los graves problemas de inteligencia" que permitieron los atentados del 11 de septiembre. También el Plan se preocupa por identificar las nuevas tecnologías necesarias para identificar y contener potenciales ataques con armas nucleares, químicas y biológica, también propone reforzar la seguridad de los puertos y aeropuertos, de las plantas de generación de energía y de otros blancos potenciales, aumentando la inversión en personal -con su correspondiente entrenamiento- y a través del uso de nuevas tecnologías de identificación de personas y de potenciales ataques. El Plan propone también la creación de redes alternativas seguras para que los sistemas informáticos de las agencias del gobierno puedan estar ligados y operando más allá de cualquier contingencia; también propone la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas que puedan servir para mitigar las consecuencias de cualquier ataque biológico, además de muchas otras previsiones que incluyen un reentrenamiento especial para los oficiales encargados de prevenir y combatir al terrorismo en todas sus modalidades. El eje de esa estrategia es la ceración del Departamento de Seguridad Interior como una nueva rama del gobierno federal. Esa decisión política ha desatado una homérica discusión entre los oficiales superiores de la administración Bush porque, de acuerdo al Plan conocido esta semana, por lo menos veintidós de las agencias existentes -entre ellos la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional- deberían aceptar de alguna manera compartir con el nuevo departamento algunas de las capacidades y las misiones que hasta ahora venían desarrollando. Como se entenderá la discusión no es menor porque involucra cuestiones de presupuesto y de administración que nadie sabe aún en Washington como podrían coordinarse en las presentes condiciones. Fuentes de esas agencias, que de alguna manera deberían comenzar a cambiar sus estructuras para responder a los planes que se están conociendo, ya hicieron saber a los periodistas de los medios más importantes que existen serios problemas de recursos, porque ninguna de las agencias tradicionales parece dispuesta a ceder parte de su presupuesto para esta nueva experiencia. "Está muy bien como un programa detallado de acciones a realizar, pero está muy lejos de ser un plan sostenido por inversiones específicas" dijo a The Washington Post Ashton B. Carter, un profesor de la Universidad de Harvard que trabaja en la Escuela de Gobierno Kennedy y estudia los problemas de la seguridad interior de Estados Unidos. En ese reportaje Carter dijo claramente que "éste puede ser el plan que estamos necesitando, pero todavía nadie sabe cómo se pueden conseguir los fondos para llevarlo a la práctica". Cuando el lunes pasado el presidente Bush recibió en la Casa Blanca a líderes del Congreso para presentar el Plan, dijo que la estrategia definida es el resultado de nueve meses de planificación y estudio. Agregó que el plan "marca clara líneas de responsabilidad y de autoridad, tanto para los oficiales del gobierno federal, como para los gobernadores estaduales, para los alcaldes y autoridades locales, para los líderes de las comunidades de negocios y para los ciudadanos norteamericanos en general". Pero en ese mismo discurso el presidente Bush reconoció que todavía existe una serie de decisiones duras que deberán ser resueltas tomas en los próximos meses. De acuerdo a los datos aportados por los más altos funcionarios de la Casa Blanca, el sector público y el sector privado de Estados Unidos, están gastando casi cien mil millones de dólares por año para atender a sus propias demandas de seguridad doméstica. La administración Bush está negociando treinta y ocho mil millones de dólares del presupuesto fiscal del próximo año para dedicarlos a incrementar los niveles de seguridad doméstica y a poner en práctica el Plan. De acuerdo a lo dicho por los propios funcionarios de la Casa Blanca, mucho de ese dinero debería ser canalizado a través de las administraciones de los diversos Estados y de las ciudades más importantes. Sin embargo, la estrategia aprobada no prevé cómo deberá crecer el nivel del gasto previsto de un modo continuado, o hasta dónde es necesario incrementar la inversión hasta conseguir los objetivos centrales previstos en el Plan. Objetivos que pueden resumirse en tres ejes: prevenir potenciales ataques, reducir las vulnerabilidades de la Nación y minimizar los daños que puedan ocasionar los potenciales ataques que no puedan ser prevenidos. Karen Anderson, presidenta de la Liga Nacional de Ciudades y alcalde de Minnetonka, una pequeña ciudad del Estado de Minnesotta, dijo que mucho de los esfuerzos anti terroristas previstos "podrían comenzar a paralizarse o bien no comenzar muy rápido porque la mayoría de las comunidades no tienen el dinero suficiente para comenzar con la tarea". En un reportaje televisivo el secretario de Seguridad Interior Tom Ridge dijo que la estrategia lanzada formalmente por el presidente Bush en la reunión de la Casa Blanca, requiere de una clara hoja de ruta acerca de los objetivos a lograr. Dijo que esa hoja de ruta deberá contener las prioridades de presupuesto, pero se negó a identificarlas indicando que por ahora se trata de un tema que está en discusión. Ridge afirmó también que los mayores costos que aún no se conocen serán los que impliquen la defensa de las redes de infraestructura privada que hoy sostienen la economía productiva de Estados Unidos. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto deberá salir del presupuesto del gobierno y cuánto aportarán las compañías más importantes para proteger sus redes informáticas, la comida o el agua de algunos enclaves estratégicos. El hecho es que el sector privado controla el noventa por ciento de esos objetivos estratégicos y por eso mismo muestran un interés particular en participar en el diseño y en la ejecución de esas particulares estrategias defensivas. La propuesta Secretaria de Seguridad Interior, se propone contar con 170.000 empleados que podrían ocuparse largamente de controlar y supervisar las fronteras, la seguridad de los transportes, la preparación y el entrenamiento para las emergencias, y las defensas de todo tipo contra las armas de destrucción masiva. La administración Bush ha sido duramente criticada por haber propuesto la estructura burocrática de la secretaría antes de desarrollar la esperada estrategia de seguridad doméstica.

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